El Círculo Opina: La reforma de la financiación autonómica y la prestación de servicios públicos. Una necesidad ciudadana

Dado el momento tan crítico de la crisis global que estamos viviendo, puede parecer sorprendente e inoportuno abordar la reforma del modelo de financiación autonómica e, incluso, opinar sobre la misma. Sin embargo, desde el Círculo de Economía que no ha ignorado, ni ignora, la gravedad de la situación, como lo manifestamos con nuestra Opinión “Por una respuesta urgente a una grave crisis” del pasado mes de julio, creemos que no sólo se dan las circunstancias para avanzar en dicha reforma, sino que la misma crisis acelera la necesidad de avanzar en ésta y otras reformas estructurales que puedan mejorar la prestación de los servicios públicos. A modo de consideración general, creemos que las situaciones de crisis no pueden servir de excusa para paralizar o postergar las actuaciones prioritarias de los gobiernos. Asimismo, entendemos que no puede separarse, ni conceptual ni políticamente, la financiación autonómica del debate presupuestario.

La severa crisis económica internacional está ya afectando a las Administraciones Públicas en un doble sentido. De una parte, disminuyendo los ingresos públicos y, de otra, incrementando la demanda de prestaciones sociales. Por tanto, la prioridad no puede ser otra que financiar de la manera más eficiente a las Administraciones responsables de los diversos servicios públicos a la vez que mejorar la calidad en la prestación de los mismos. Por ello, definir un modelo de financiación autonómica justo y suficiente se convierte en una gran prioridad.

A lo largo de las últimas décadas, la relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas ha sido motivo de continuos enfrentamientos políticos y de intensos debates sociales, a los que el Círculo de Economía ha aportado su criterio y propuestas, como hizo con la publicación de las Opiniones “El papel del Estado en el mantenimiento del equilibrio económico y territorial en España” y “Por un Estatut realista, funcional y adaptado a la Constitución”. En los momentos actuales, el Círculo quiere dirigirse nuevamente a la sociedad española para dar a conocer sus reflexiones acerca de la reforma del modelo de financiación autonómica.

1.- Aunque a estas alturas debería ser innecesario, a la vista de las actitudes reticentes a aplicar lo que los Estatutos aprobados exigen, hay que empezar recordando que en el Estado de derecho las leyes deben ser cumplidas y, por tanto, los diversos Estatutos de Autonomía ya aprobados deben ser respetados. Dicho esto, consideramos indispensable avanzar en un debate sereno y responsable sobre algunas de las exigencias y necesidades de un Estado descentralizado como el español. Comprometiéndose los partidos políticos en el uso de una información cierta y suficiente; sin recurrir a distorsiones interesadas de la misma; haciendo el esfuerzo necesario para entender que la sociedad española no puede seguir soportando ciertos niveles de confusión y crispación; y siendo consecuentes con lo que representa y exige una apuesta por un Estado descentralizado como el nuestro.

2.- El debate sobre la reforma del modelo de financiación debe partir de la normal aceptación de que las diferencias entre el Estado y sus Comunidades Autónomas, o entre las mismas Comunidades, forman parte de la vida política de un país democrático y muy descentralizado, sin que ello deba interpretarse como un debilitamiento de los partidos políticos y de las instituciones, ni como una amenaza a la estabilidad del Estado. El mismo rechazo, por principio, de la bilateralidad en las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas no responde a la realidad del modelo español, que es por definición asimétrico al otorgar a las Comunidades Forales un régimen que las sitúa al margen de las restantes Comunidades.

Por ello, es lógico que en los debates sobre financiación autonómica, los dirigentes territoriales adopten posiciones comunes por encima de las fidelidades de cada partido de ámbito autonómico a su referente estatal, de la misma manera que en debates de distinta naturaleza, observamos con naturalidad cómo los partidos se rigen por criterios que se sitúan por encima de los ámbitos territoriales.

3.- En las últimas décadas se han consolidado unos poderes territoriales muy importantes. Sin embargo, no se ha desarrollado ni el espacio de encuentro ni los mecanismos de gestión de las lógicas diferencias y disputas entre dichos poderes. Una descentralización tan intensa del gasto público debería haber ido acompañada, al mismo tiempo, de un desarrollo de la capacidad de decisión política autonómica, que no se ha producido. La autonomía política y administrativa no es posible sin autonomía financiera.

Por el contrario, parece como si la prioridad política a lo largo de estos años haya sido aprovecharse de estas disfunciones para alcanzar objetivos partidistas a muy corto plazo. La situación de gran crispación que hemos vivido es, en gran medida, resultado de esta visión a corto plazo y de la tendencia a la opacidad que ha caracterizado las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La misma dificultad en disponer de información cuantitativa relevante y fiable que debe servir de base objetiva para las discusiones políticas es una muestra preocupante de esta dinámica. Una dinámica que no hace más que confundir a los ciudadanos y favorecer las actitudes políticas que se fundamentan en el enfrentamiento interterritorial. En este sentido cabe valorar positivamente la publicación, aunque tardía, de las polémicas balanzas fiscales.

4.- La demanda inicial de Cataluña, seguida por otras Comunidades, de una nueva financiación ha puesto sobre la mesa carencias acumuladas, y responde a una realidad innegable: en menos de una década la situación ha cambiado sustancialmente. Entre otras transformaciones destaca la recepción masiva de población inmigrante por parte de determinadas Comunidades, lo que ha representado una presión insostenible sobre su sistema sanitario, educativo y de prestación de servicios sociales básicos. Es el caso concreto de Cataluña, que ha visto aumentar su población en un 25%, procedente en su práctica totalidad de la inmigración. Y, en consecuencia, los instrumentos que, con no pocas dificultades, han permitido gobernar este largo período, se muestran hoy ya definitivamente amortizados.

Desde el Círculo de Economía entendemos que el criterio básico que debe servir para definir el nuevo sistema no puede ser otro que el de población y, de los diversos conceptos del debate, nos parece necesario decir que la asimetría en los procedimientos de negociación entre el Estado y las diversas Comunidades Autónomas no supone, a priori, quiebra alguna del concepto de solidaridad.

5.- Sea cual sea la solución que resulte de la actual negociación sobre el modelo de financiación autonómica, no podemos esperar que esta cuestión resulte definitivamente solventada. Por el contrario, como corresponde a una sociedad abierta y dinámica, surgirán nuevas cuestiones que requerirán de un espacio y de unos procedimientos que favorezcan la colaboración entre Comunidades, y faciliten la solución de las legítimas diferencias entre Comunidades o entre Comunidades y Estado. Por supuesto, consideramos necesario seguir avanzando en la consolidación de nuestro sistema institucional, pero la idea de un estado autonómico definitivamente cerrado en la distribución de sus competencias y de sus recursos sólo puede ser fruto de un acto de voluntarismo ajeno a la realidad de España.

6.- Sin duda, la descentralización tiene mucho que ver con el progreso global y equilibrado que ha acompañado a la evolución de la sociedad española en las últimas décadas. Ha sido este progreso global, y la solidaridad europea y entre Comunidades, lo que ha permitido situar a cada una de ellas en una situación suficiente para definir sus propios proyectos y sus ambiciones en la sociedad globalizada de este inicio de siglo. El modelo autonómico ha alcanzado ya una fase de madurez, y a cada Comunidad le corresponde ser proactiva en la defensa de sus intereses y, también, en la definición de un proyecto propio de futuro que ilusione y comprometa a sus ciudadanos.

Se acabó el tiempo de buscar enemigos con los que eludir las propias responsabilidades. Y es hora de ser exigentes con la gestión a todos los niveles de las Administraciones Públicas, incluido el autonómico. Por ello se debe profundizar en los mecanismos de control de la eficiencia en las respectivas Administraciones, y evitar que el desarrollo del modelo autonómico conlleve un innecesario aumento del gasto público.

7.- Tras tres décadas desde el inicio de la transición, nuestra sociedad requiere determinadas reformas institucionales que consoliden nuestra vida en democracia. Es en ese marco de interés general para el conjunto de España que debe abordarse de manera inminente la consolidación del modelo de financiación autonómica, para afrontar con mayor unidad y garantías las medidas estructurales que facilitarán la salida de esta gran crisis internacional.

Octubre 2008