El Círculo Opina: Una nueva forma de entender y ejercer la política

Cada vez se halla más extendida en la opinión pública española la sensación de que los partidos políticos crean más problemas de los que resuelven. Aunque en su literalidad la expresión sea injusta, refleja una demanda de cambio en las actitudes políticas. Sin embargo, los electores han ratificado su confianza en los dos principales partidos políticos, que han conseguido cuotas muy elevadas de apoyo popular. Al PSOE le corresponde gobernar y al PP liderar la oposición. Pero ambos deben ser conscientes de que la confianza del electorado lleva incorporado el deseo de una nueva legislatura en la que el interés general prevalezca sobre la confrontación y el ruido. Y aun más si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a una coyuntura económica difícil que requerirá mucha concertación.

Al inicio de la nueva legislatura queremos, pues, apelar a la necesidad ineludible de modificar determinados hábitos, demasiado enraizados en la vida política española, que impiden garantizar la consistencia y estabilidad que demandan determinadas actuaciones públicas. Y es que ciertas políticas, de las más relevantes para nuestro bienestar colectivo, requieren sino del pleno acuerdo, por lo menos del mínimo entendimiento y compromiso entre los principales partidos. Una dinámica perdida que hay que recuperar.

La política española lleva demasiados años instalada en un ejercicio de enfrentamiento radical y de negación sistemática de las posiciones y propuestas ajenas, por sensatas y necesarias que puedan resultar. Una misma dinámica que los partidos trasladan a cualquier ámbito, y que les lleva a ocupar el máximo espacio social posible, de manera especial en el conjunto de Administraciones e instituciones públicas. Lo que, a su vez, imposibilita aún más una visión a medio o largo plazo de la acción pública.

Por el contrario, la experiencia reciente nos muestra cómo el consenso de determinadas políticas, en sus aspectos esenciales, constituye una garantía para su éxito. No nos referimos a la ya lejana apuesta común durante la transición, sino a actuaciones más recientes como las grandes líneas de la política económica, de las que no se han apartado los partidos políticos que se han sucedido al frente del Gobierno.

El objeto de esta Opinión de Actualidad no es tanto definir las prioridades de esta nueva legislatura, como señalar la necesidad de abordar determinadas políticas desde un mínimo común compartido por los principales partidos. Así, el Círculo de Economía desea sumarse a la creciente exigencia ciudadana por avanzar rápidamente hacia una nueva forma de entender y ejercer la política.

Una nueva forma que, sin renunciar a la defensa de los posicionamientos más propios de cada partido, no impida alcanzar los acuerdos que requiere la sociedad española a inicios de este siglo. Porque, aunque con matices, el conjunto de la sociedad española comparte las grandes prioridades. La dificultad reside en cómo abordar de manera sólida y estable esas exigencias

De entre esos grandes ámbitos que requieren de un mínimo consenso, el Círculo desea referirse expresamente, por orden alfabético y sin voluntad de priorizar, a: Agua y Energía; Educación; Forma de Estado; Inmigración; Justicia y Regulación; Política Exterior; Terrorismo y Seguridad.

AGUA Y ENERGÍA

España ha dejado de ser una economía que basaba su competitividad en sus bajos salarios para situarse en el grupo de países cuyo desarrollo depende de sus sectores de alto valor añadido. Si bien aún nos situamos lejos de las inversiones en I+D de los países más desarrollados, el esfuerzo privado y, especialmente, público de las últimas décadas ha sido notorio.

Sin embargo, es realmente sorprendente cómo el suministro de agua y energía, elementos básicos e indispensables, se convierte en una seria amenaza para nuestra competitividad empresarial y nuestro bienestar ciudadano. Hoy, en diversas zonas de España, la escasez de agua es alarmante y la posibilidad de fallos relevantes en el suministro eléctrico es muy alta. Tras estas carencias tan preocupantes se halla la no ejecución de infraestructuras que encuentran en el enfrentamiento político la mejor garantía de su paralización.

En el ámbito de los recursos hídricos, lo sucedido en España es una de las mejores muestras de la capacidad de radicalización de las políticas. En un brevísimo espacio de tiempo, el que media entre el final de un gobierno y el inicio de otro, hemos adoptado dos políticas hidráulicas diametralmente opuestas. Sin la menor voluntad de alcanzar una mínima posición común entre los principales partidos y, además, estimulando, de manera insensata, el enfrentamiento entre Comunidades Autónomas.

Unos posicionamientos políticos antagónicos que se fundamentan, a menudo, en lecturas interesadas de una realidad objetiva, confundiendo al conjunto de la ciudadanía al trasladarle conclusiones técnicas contradictorias. Estas contradicciones podrían fácilmente resolverse con los dictámenes de un comité de sabios independientes, que permitirían disponer de unas conclusiones técnicas a partir de las cuales cada partido podría definir sus legítimas prioridades políticas.

Dinámicas idénticas se suceden en el ámbito energético, donde sigue siendo una cuestión tabú discutir la conveniencia de la energía nuclear. Mientras en España el debate ni existe, y se alimentan expectativas muy exageradas sobre las posibilidades de energías alternativas a corto plazo, países de los más avanzados del mundo – desde un punto de vista social, económico y medioambiental – están invirtiendo en nueva capacidad nuclear. Simultáneamente, determinadas infraestructuras de transporte energético, totalmente indispensables, se hallan paralizadas por una oposición sistemática, alimentada por la conveniencia partidista de unos u otros.

Sin dilación, es necesario alcanzar los acuerdos necesarios para emprender inmediatamente la construcción de las infraestructuras indispensables para garantizar el suministro. Debería recordarse que las políticas de suministro hídrico o energético se apoyan en inversiones cuya ejecución requiere décadas. Y que es posible garantizar el suministro de agua y energía a precios competitivos y con el máximo respeto al medio ambiente. Pero, sin el mínimo consenso es imposible abordar de manera estable las actuaciones indispensables para garantizar estos recursos tan básicos.

EDUCACIÓN

Como mencionábamos en la reciente Opinión de Actualidad Educación: la gran prioridad, la educación es esencial para el desarrollo humano en la sociedad del conocimiento. De ella depende la calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad de la economía, la cohesión social e, incluso, el reconocimiento por parte de los demás países. España, que llevaba acumulado un gran retraso, durante la democracia ha conseguido, en este terreno, resultados más modestos que en otros ámbitos y figura en la cola de los países avanzados. Una posición propia de países que basan su competitividad en los bajos costes salariales.

Pero las transformaciones recientes de la economía global han situado a España entre las economías que deben basar su competitividad en la formación de sus recursos humanos. Una economía de alto valor añadido requiere de una educación de calidad, con la agilidad necesaria para adaptarse a un mundo muy cambiante, y para encontrar la relación adecuada entre los distintos grados de formación y las necesidades del mercado laboral. En cualquier escenario, debe apostarse por favorecer el dominio de herramientas transversales básicas, como pueden ser el inglés, la informática, las nuevas tecnologías, o la capacidad de comprensión y lectura de textos.

Y la educación necesita estabilidad normativa. Los desafíos de la educación en el mundo presente exigen un equilibrio muy preciso entre estabilidad y cambio. Es necesaria una continuidad en las leyes básicas que establecen las reglas del juego. No tiene ningún sentido que cada vez que se produce la alternancia en el Gobierno se modifiquen por completo las leyes de educación: es un dispendio de energías muy inútil, que sólo sirve para acumular más retrasos. Pero, al mismo tiempo, este marco debe ser suficientemente flexible para que el sistema educativo pueda adaptarse fácilmente a la rápida evolución de los conocimientos y de las necesidades. Garantizar este equilibrio entre estabilidad y cambio es una de las responsabilidades principales de los gobernantes.

La sociedad española empieza a ser plenamente consciente de la necesidad de mejorar nuestra educación. Los positivos indicadores económicos no pueden esconder indicadores educativos -como el ranking que ocupan nuestras universidades en su función educativa e investigadora; el nivel de fracaso escolar u otros aspectos analizados en el informe PISA- que muestran una preocupante realidad. Una realidad que, a medio plazo y de no modificarse, afectará de manera sustancial a la salud de nuestra economía.

FORMA DE ESTADO

La última legislatura se recordará, especialmente, por el intenso debate acerca de la modificación de diversos Estatutos de Comunidades Autónomas, especialmente del de Catalunya. Un debate que ha sorprendido por su intensidad y por el enfrentamiento tan visceral entre partidos, que no han dudado en hacer de la radicalización un eje de su acción política, pese a la seria amenaza que ello ha representado para la convivencia en España.

Sería demasiado ingenuo esperar que, en un futuro, una armonía plena y permanente caracterice la vida española en éste ámbito. Por el contrario, es previsible que se sucedan coyunturas en que aparezcan nuevas tensiones producto de concepciones diversas del Estado, del reparto de su poder con las diversas Comunidades Autónomas o de nuevas cuestiones que emerjan, consecuencia del dinamismo propio de una sociedad en continua evolución. Sin embargo, deben evitarse legislaturas similares a la que ha finalizado recientemente.

Mas allá del espacio propio de cada Comunidad, serán muchas las cuestiones que requerirán ser negociadas entre Comunidades o entre Comunidades y Estado. Sin ir más lejos, deberíamos abordar el mapa impositivo español pues, en un espacio geográfico tan reducido como España, estamos avanzando no tanto hacia un buen modelo autonómico como hacia una disparidad de criterios que no pueden considerarse estímulos regionales positivos, sino un factor de distorsión de nuestra sociedad y, especialmente, de nuestra vida empresarial cada vez más globalizada.

Por todo ello, es indispensable exigir a los partidos políticos un cambio radical en sus actitudes, respetando siempre el amplio margen de discrecionalidad que corresponde a Gobierno y oposición en un sistema democrático. Pero la potestad gubernamental de decidir, reformar, e innovar, debe sustentarse y legitimarse, ineludiblemente, en un mínimo consenso básico, en el que deben colaborar lealmente todas las fuerzas políticas.

INMIGRACIÓN

La llegada en poco tiempo de cuatro millones de personas extranjeras a un país sin tradición de inmigración exterior nos sitúa ante una doble exigencia. La de garantizar el mantenimiento para todas las personas de los servicios básicos conforme a un criterio de derechos y también de obligaciones y la de asegurar que el cumplimiento de la ley evite que las diferencias culturales y el miedo natural a aquello que es diferente genere problemas graves de convivencia.

En el debate entre los candidatos de los dos principales partidos, bajo la apariencia de una discusión sobre este tema, ambos acabaron formulando un criterio básico idéntico: inmigrantes legales y con contrato laboral. A partir de este criterio compartido, al Gobierno le corresponde implementar las políticas necesarias para su cumplimiento y a la oposición hacer una política vigilante pero sin alimentar conflictos innecesarios.

La prudencia y el tacto deben gobernar la política de inmigración y aún más en una coyuntura de aumento del desempleo. Más que de política de inmigración debe pensarse en términos de política social. Es decir, políticas dirigidas tanto a los inmigrantes como a los que pueden sentirse afectados por su presencia.

JUSTICIA Y REGULACIÓN

En un estado democrático, el buen funcionamiento de su sistema jurídico exige preservarlo del sectarismo partidista y del oportunismo electoralista. En caso contrario, se perjudica seriamente la seguridad jurídica indispensable para el progreso social y económico. Así lo señalamos en la Opinión de Actualidad Los retos de la Seguridad y la Justicia en España.

La politización de la Justicia, que encuentra su manifestación clara en el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, no es un mal achacable exclusivamente a los jueces, sino que es una responsabilidad compartida por la generalidad de la clase política, al haber obturado la exigencia de responsabilidades políticas en los cauces parlamentarios procedentes, y al haber sostenido que la depuración de las responsabilidades penales es previa a la exigencia de las políticas.

A esto hay que sumar el peculiar sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que provoca la conversión de éste en una réplica, a escala reducida, de la composición del Parlamento. Este sistema favorece que se les considere en exceso dependientes del poder político. Aunque sea difícil hallar una alternativa mejor al actual sistema, debe insistirse en la idea de que la auténtica democracia descansa en un sistema de balances y contrapesos.

De creciente importancia es el papel que se atribuye a los nuevos organismos reguladores. Para desarrollar adecuadamente su función arbitral de los mercados, sus normas de constitución y de procedimiento han de garantizar su independencia e imparcialidad. Es decir, su carácter escrupulosamente arbitral, de forma que su intervención fomente la igualdad efectiva entre los agentes del mercado e impida la prevalencia de unos sobre otros, aprovechándose, por ejemplo, de su proximidad a los centros de decisión política, o de su acceso a información privilegiada.

Lamentablemente, también en estos ámbitos de la seguridad económica los gobiernos y los partidos políticos nos tienen acostumbrados desde hace años a ciertas dinámicas que en nada benefician al buen funcionamiento de la actividad empresarial y a la imagen de nuestra economía en el mundo.

Ahora, ante una nueva legislatura, los partidos tienen la oportunidad de demostrar una disposición diferente, con la renovación ya inaplazable del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Alcanzar el acuerdo necesario para que ello sea posible, ya no es sólo una obligación sino una exigencia a corto plazo porqué es responsabilidad del Parlamento garantizar el normal funcionamiento de dos instituciones tan básicas.

POLÍTICA EXTERIOR

El prestigio de un país en el mundo es, en buena medida, el resultado de una política exterior continuada a largo plazo. Una política que, asentada sobre unas claras prioridades, articule la acción exterior del aparato del Estado y sirva de marco para la actuación de sus empresas y organismos en el mundo.

Así, resulta sencillo identificar las líneas estratégicas de las grandes potencias. Nadie duda de sus prioridades. Unas prioridades que, enraizadas en su tradición, deben adaptarse al marco global de cada etapa histórica.

España supo adquirir una presencia y respeto en el mundo, a partir de un proceso de modernización que tuvo en Europa su mayor referente, y que se proyectó de manera natural hacia América Latina.

Hoy, debe perseverarse en esta línea, a la vez que incorporar como prioridad a Estados Unidos y el norte de África. Nos corresponde liderar la vocación mediterránea de una Unión Europea que, de manera natural, tiende a mirar hacia el Este. Y, más allá de por su importancia como primera potencia mundial, España debe considerar especialmente su relación con Estados Unidos, donde la población hispana y el idioma español constituyen una realidad de un peso creciente e innegable. De hecho, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea es casi inexcusable no mantener unas buenas relaciones.

La política europea ya no puede considerarse política exterior sino interior en la medida en que nuestra vida cotidiana viene regulada por directivas de la Unión. En este sentido, resulta alarmante la absoluta carencia de propuestas europeas en los debates electorales. Y, aún más, cuando entramos en una fase decisiva para salir de la parada que representó el no a la Constitución. Como en otros momentos, España se halla bien situada para favorecer e, incluso, liderar acuerdos entre los grandes países, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Pero esta contribución al consenso europeo será difícil sin un alto grado de acuerdo interior.

Por todo ello, es imprescindible recuperar el gran consenso sobre los ejes básicos de nuestra política exterior, a los que cada gobierno pueda incorporar sus matices, pero siempre sobre la base de unas prioridades básicas compartidas. Al fin y al cabo, la sociedad española comparte en gran medida estas prioridades y no puede aceptar los cambios tan radicales que ha sufrido nuestra orientación exterior en la última década. Y, aún menos, la empresa española, que ha protagonizado un sorprendente proceso de inversión exterior en la última década.

TERRORISMO Y SEGURIDAD

Si en un ámbito el enfrentamiento partidista ha superado los límites de lo considerado aceptable por parte de la gran mayoría de ciudadanos ha sido en el de la lucha antiterrorista.

Durante décadas, el terrorismo ha constituido un lastre tremendamente severo para nuestra sociedad y, de manera destacada, para el amplio colectivo de ciudadanos especialmente amenazados. Afortunadamente, tras años de lucha policial y de debilitamiento social y político del entorno terrorista, parece que la sociedad española está más cerca que nunca del final de esta pesadilla.

Sin embargo, los ciudadanos hemos asistido aturdidos a la utilización de la lucha antiterrorista como estrategia de confrontación política. En unos momentos en que, además, nuevas formas de terrorismo amenazan a nuestra sociedad tras ser brutalmente golpeada con los atentados del 11-M.

Como no puede ser de otra manera, la lucha antiterrorista debe contar con un apoyo explícito de las principales fuerzas políticas, que debe reflejarse automáticamente en las actuaciones coordinadas de los cuerpos policiales y de la Administración de Justicia.

Solo desde esta dinámica de compromiso compartido pueden también abordarse las amenazas del terrorismo de carácter integrista o las nuevas formas de delincuencia organizada.

Con esta Opinión de Actualidad, el Círculo de Economía, haciendo suyo el creciente malestar ciudadano, desea exigir a los partidos políticos, en un momento idóneo como es el inicio de una legislatura, un firme compromiso por abordar las grandes cuestiones desde una nueva forma de entender y ejercer la política que, sin renunciar a los posicionamientos más propios de cada partido, atienda a las exigencias y prioridades ciudadanas.

Abril 2008