El Círculo Opina: A tiempo de salir del túnel. La hora de la política

En raras ocasiones puede darse una situación tan compleja como la que vive hoy la economía española. Hemos llegado a ella tras una severa crisis que viene prolongándose desde hace más de tres años. En paralelo con sus dramáticas consecuencias económicas, sus efectos en forma de desorientación y malestar ciudadanos, y de desafección con la práctica política, son notorios y crecientes. Los riesgos de un mayor deterioro económico resultan obvios. Menos obvio, pero quizás aún más preocupante, resulta un superior quebranto político y social.

Pese a todo, aún estamos a tiempo de salir del túnel con una economía más estable y competitiva, con un grado elevado de cohesión social, y con una recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Para lograrlo, tenemos que orientar todos los esfuerzos sociales y políticos en dos direcciones. En el frente interno, actuando de forma decidida para resolver una difícil ecuación: hacer compatible la austeridad en el gasto con el crecimiento económico y la reducción del paro. Y en el frente europeo, avanzando en el gobierno político y económico de la eurozona.

Así, en el frente interno es necesario estabilizar la economía y, a la vez, hacer un uso más eficiente de todos los recursos disponibles como forma de mejorar nuestra productividad y capacidad para crecer, ahora que no podemos acudir a la devaluación para ganar competitividad a corto plazo. Consolidar fiscalmente y conformar el marco que favorezca el crecimiento económico, son las dos caras de la solución a nuestros problemas actuales. Y, aunque no es fácil, hay que avanzar de forma simultánea en ambos objetivos.

Y se requiere hacerlo desde el ámbito privado y desde el de las Administraciones Públicas a todos sus niveles, si bien por las características de la crisis y por el tipo de propuestas que formulamos, nuestra Opinión se dirige principalmente a la Administración del Estado.

Pero los esfuerzos internos sólo serán plenamente eficaces si nuestras reformas y políticas avanzan en paralelo con las que hay que adoptar desde las instituciones europeas. La profundización en el gobierno de la Unión Europea y la coordinación de las políticas nacionales son la contrapartida europea a nuestra renuncia a las palancas del tipo de cambio y la política monetaria.

De nuevo, más Europa es el camino de la solución. Pero eso no mitiga en absoluto la exigencia de asumir nuestras obligaciones. Y hacerlo cuanto antes. Ésa es la principal responsabilidad del nuevo Gobierno que surja de las urnas, el próximo 20 de Noviembre.

Un reto fundamental: favorecer la recuperación en pleno proceso de desendeudamiento

El proceso de deterioro acelerado de nuestras cuentas públicas ha forzado la repentina adopción de medidas de ajuste de una intensidad desconocida. Esta circunstancia y el hecho de que el sector privado esté inmerso en un proceso de fuerte desendeudamiento que debilita el consumo y la inversión, conlleva inevitablemente efectos desaceleradores sobre el crecimiento económico. Por ello, y por difícil que parezca, debemos hacer compatibles las políticas a favor del crecimiento y el empleo, con las medidas necesarias para recuperar los equilibrios fiscales.

El equilibrio fiscal es la única forma de evitar que la presión de los mercados de deuda eleve el coste de la financiación, tanto de las Administraciones Públicas como del sector privado. Un aumento del diferencial de nuestra deuda pública tiene unos efectos similares a los que tendría una política monetaria contractiva: encarece la inversión y el consumo y debilita la capacidad de crecer. Mientras, el crecimiento es la única alternativa para reducir el paro, y evitar un mayor deterioro en el bienestar de los colectivos más afectados por la crisis.

Explicar y defender la austeridad

La necesidad de recuperar los equilibrios en las cuentas públicas está obligando a las Administraciones a una dinámica de ajustes que, aunque necesarios, desorientan y enervan a una parte de la ciudadanía. La forma de proceder y el acierto en la fijación de las prioridades pueden ser cuestionables, pero creemos que lo que está fuera de toda duda es la necesidad e inevitabilidad de racionalizar la estructura y el tamaño del gasto de nuestras Administraciones.

Pero, a la vez que reconocemos la decisión de aquellas Administraciones que han emprendido este camino, consideramos también necesaria una mayor pedagogía de la austeridad. De lo contrario, corre el riesgo de ser vista por una parte de la ciudadanía como una política inequitativa en cuanto al reparto de los costes de la crisis y la adecuación a las nuevas circunstancias.

Explicar las razones de la austeridad y justificar las prioridades es una parte esencial de la política de ajuste. Sólo así se entenderá que no es una deriva ideológica, sino una política necesaria para cambiar las tendencias explosivas del gasto y sentar las nuevas bases de un crecimiento sano y sostenible. Esta mejor aceptación de la austeridad también se producirá en la medida en que los ahorros se vayan alcanzando como resultado de una mejora en la eficiencia de los procedimientos, y no tanto como consecuencia de ajustes de efecto inmediato sobre las principales partidas del gasto.

Una dinámica de ajuste acelerado también se ha aplicado a la relación económica de las Administraciones con sus proveedores. Sus efectos, aunque poco notorios para la ciudadanía, resultan muy preocupantes dado el extraordinario retraso, por no hablar de paralización, en el pago a proveedores. Ello, unido a la extrema dificultad en poder financiar dicha deuda en nuestro sistema financiero, conduce a muchas empresas competitivas a unas tensiones de tesorería que dificultan seriamente su continuidad, por no mencionar las que ya se han visto abocadas al cierre. Una de las primeras actuaciones del nuevo Gobierno español, en coordinación con los diversos niveles de Administración, ha de ser la elaboración de un programa razonable y creíble de pago de las Administraciones a sus empresas proveedoras.

En este contexto, y expresando nuestro apoyo al necesario rigor en el gasto público, debemos manifestar, sin embargo, que sólo con políticas de austeridad no superaremos la crisis. Es, pues, una condición necesaria pero no suficiente. Pero sin este proceso previo de ajustes nuestra continuidad en la zona euro resulta imposible. Lo inevitable es imprescindible.

Favorecer el crecimiento. Rentabilizar nuestros activos

En los últimos 15 años, nuestra economía ha experimentado un fuerte proceso de acumulación de activos de capital –productivo, infraestructuras y humano- que bien utilizados permitirían garantizar el crecimiento sostenido y el mantenimiento del Estado del Bienestar. Una señal alentadora de ello es el buen funcionamiento de las exportaciones de bienes y servicios a lo largo de la última década, bajo un tipo de cambio del euro que no favorecía inicialmente nuestras exportaciones. Ahora toca fortalecer esa capacidad de competir.

Pero este objetivo choca contra el hecho de que muchos de esos activos no se están utilizando de forma eficiente. La casuística es numerosa, y un ejemplo evidente lo hallamos en la desconexión hoy existente entre ciencia y empresa. Es indiscutible que, por una parte, nuestro sistema científico es ya el propio de un país avanzado y que, por otra, muchas de nuestras empresas compiten satisfactoriamente en un mundo global. Sin embargo, aun no hemos diseñado los mecanismos que permitan un aprovechamiento óptimo de la excelencia científica por parte de nuestro tejido productivo.

La casuística reviste dramatismo al considerar el paro juvenil. Disponemos de la generación mejor formada de nuestra historia y, sin embargo, a la mayoría de jóvenes les resulta imposible incorporarse al mercado laboral. Un despilfarro de recursos humanos que puede lastrar las expectativas de toda una generación. Por ello, en este ámbito, más que reformar en su sentido más tradicional, debemos implementar genuinas “medidas de choque” que desbloqueen la dinámica y ocupen de inmediato a parte de estos jóvenes.

Para el mejor uso de todos los recursos disponibles, España necesita llevar a cabo un proceso de revisión en profundidad de muchos aspectos de su vida colectiva, pues las ineficiencias se producen en múltiples mercados y ámbitos institucionales de nuestra economía y sociedad.

Por ello, las reformas, de las que tanto se habla y tan poco se practican, no deben quedar como una muletilla retórica del discurso político o empresarial. Hay que explicar a la sociedad que son el camino necesario para homologarnos a la productividad de los países desarrollados con los que tenemos que competir. También en este ámbito es necesaria la pedagogía social.

Avanzar decididamente en las reformas prioritarias

La estrategia de reforma ha de actuar sobre dos ejes básicos. Por un lado, debe fomentar la mejora de la productividad y la competitividad desde el interior de las empresas. Nuestro tejido productivo dispone ya de un número significado de empresas eficientes que compiten en los mercados globales, tal como muestra la evolución de las exportaciones de bienes y servicios. Pero otra parte de ese tejido empresarial aún debe hacer esfuerzos considerables para resultar competitivo en un entorno de fuerte competencia externa e interna.

Por otro lado, debe abordar reformas que mejoren el entorno legal e institucional en que actúan las empresas, así como políticas que reorienten los incentivos hacia inversiones productivas, de tal forma que la rentabilidad de los negocios esté basada en la productividad y en el valor que aportan a la sociedad, y no en el simple crecimiento del precio especulativo de algunos activos. Desde el Círculo hemos venido insistiendo en la necesidad de orientar el modelo económico hacia la actividad industrial, entendiéndola en un sentido amplio -ya se trate de manufactura, servicios o construcción-, evitando fomentar excesos de inversión en actividades de baja productividad que merman la capacidad de crecimiento a largo plazo.

La mayor evidencia de este sesgo la encontramos en el ámbito de las infraestructuras físicas y equipamientos públicos. El esfuerzo en dotación de infraestructuras y equipamientos desde nuestra entrada en la CEE y, especialmente, tras nuestra integración en la zona euro, ha sido extraordinario y en muchos casos necesario. Sin embargo, hoy nos encontramos con múltiples ejemplos de inversiones desproporcionadas, o innecesarias, que han representado un genuino derroche de recursos en su ejecución, y cuyo mantenimiento futuro no hará más que castigar las cuentas públicas. Por el contrario, una infraestructura como el eje del Mediterráneo para la circulación de mercancías, constituye una prioridad desatendida. Sus efectos sobre el crecimiento económico a largo plazo son manifiestos y, a la vez, constituye una oportunidad para una mayor integración en Europa y una mayor cohesión entre Comunidades Autónomas.

Un ejemplo paradigmático de reforma necesaria lo constituye nuestro modelo fiscal que, en la actualidad, resulta incoherente, como consecuencia de los sucesivos remiendos de las últimas décadas. La cuestión no es tanto modificar o no un impuesto, como una revisión a fondo para que el sistema esté al servicio de la competitividad empresarial y la equidad social. Y para que, de una vez, se combata decididamente nuestro nivel de fraude fiscal Simultáneamente, se hace necesario avanzar en la armonización fiscal en el seno de la Unión, que no puede seguir soportando diferencias impositivas tan notorias entre Estados que comparten una moneda única, y que no pueden permitirse disfunciones significativas en la circulación de capitales.

Y, evidentemente, para acelerar el camino de la recuperación, se hace indispensable culminar de manera urgente la reforma del sistema financiero. Su funcionamiento está en el origen de la burbuja inmobiliaria, cuya explosión ha limitado su capacidad para cumplir su cometido básico en una economía de mercado: suministrar recursos en cantidad y precio adecuados al sector empresarial y doméstico. La reforma pasa por una adecuada recapitalización que avance en paralelo con el saneamiento de balances; por la mejora de su capacidad de evaluar riesgos; y por la recuperación de su función de prestar y financiar la economía productiva. Y hasta que no se recupere el crédito, no podemos dar el proceso por concluido.

Nos hemos referido a algunos de los ámbitos que, de manera más notoria, requieren de una profunda revisión sin olvidar, por descontado, el laboral, el energético o el de las Administraciones Públicas, a todos sus niveles, a los que de manera recurrente e insistente se ha pronunciado el Círculo mediante Opiniones específicas. Resulta obvio deducir que la magnitud del proceso es tal que será imposible de abordar si no generamos un clima de confianza colectiva.

Generar confianza

Para llevar a buen fin las políticas de austeridad y las reformas orientadas al crecimiento que defendemos se requieren dos requisitos básicos: voluntad y liderazgo político; y un clima de confianza social que apoye y legitime el esfuerzo que representa la austeridad y las reformas.

Lograr esa confianza social para el cambio no es fácil en las circunstancias actuales. Por un lado, la crisis ha venido precedida y acompañada de comportamientos negligentes y, en ocasiones, fraudulentos, que minan las bases de esa confianza. Por otro, las consecuencias de la crisis son dramáticas para millones de conciudadanos. Además, muchos de ellos consideran que han perdido su marco político de referencia. Los Estados nacionales ofrecían a sus ciudadanos un marco de estabilidad y seguridad que, en gran parte, los europeos hemos cedido a la Unión Europea. Pero la Unión no asume ese papel y, además, no son pocas las personas que no entienden las dinámicas económicas globales y su desarrollo al margen del control político.

Este clima que aliente la austeridad y las reformas sólo se logrará si se recupera la ejemplaridad de la política y de ciertas elites económicas y financieras. Sin esa ejemplaridad la confianza se resiente. De la misma manera que deben erradicarse aquellos intereses corporativos que dificultan que el sector público opere guiado por el principio de la buena administración en la atención de los intereses de los ciudadanos.

Para ello, la política ha de recuperar su papel central como mecanismo de regeneración de la vida colectiva y de defensa de los intereses generales. Y las instituciones intermedias de la sociedad civil han de ejercer un papel más activo en defensa de las conductas que favorecen esa confianza. Así, las instituciones privadas y grupos de interés se han de comprometer y actuar en coherencia con este proceso, entendiendo que, en las actuales circunstancias, el primer objetivo para cualquier colectivo específico –empresarial, sindical, o profesional- es recuperar el crecimiento y preservar el Estado del Bienestar.

Preservar y mejorar el Estado del Bienestar

El llamado Estado del Bienestar ha sido la mayor innovación social de las sociedades occidentales en el siglo XX. Su existencia es indisociable de la fortaleza de la democracia. Después de un inicial retraso, España ha construído durante los años de la democracia los pilares básicos de la moderna sociedad de bienestar.

Ahora corresponde preservar ese logro. Pero preservar no significa no cambiar nada. Hay que hacer del Estado del Bienestar un sistema resistente a todas las circunstancias posibles, ya sea la crisis económica o la evolución demográfica.

Para lograr esa robustez, aún en las circunstancias más difíciles como las que vivimos, es necesario abordar una revisión en profundidad de nuestro sistema, tanto de las cuestiones relacionadas con las prestaciones como con las formas de provisión de los servicios. Como señalamos, nuestra economía puede disponer de los recursos necesarios para garantizar el sostenimiento de un Estado del Bienestar sólido y suficiente. Pero, nuevamente, el problema no reside tanto en la falta de activos como en los excesos y las malformaciones en su funcionamiento, derivadas de un diseño propio del momento en que se consolidó, a inicios de los 80.

La reforma del Estado del Bienestar no puede consistir en un recorte lineal de prestaciones, ajeno a un orden de prioridades debidamente ponderado. Por ello, creemos que debe avanzar en dos direcciones. Por un lado, una estrategia orientada a evitar los abusos en las prestaciones, analizando la participación de los beneficiarios y el comportamiento del sistema político en la expansión incontrolada de prestaciones sin la necesaria garantía de dotación presupuestaria Por otro, una estrategia orientada a revisar las formas de prestación del servicio. No se trata sólo ni fundamentalmente de “privatizar” la provisión de los servicios de bienestar, sino de racionalizar su gestión a nivel de todas las unidades prestadoras de los servicios.

Estas propuestas de reforma no deberían verse como un intento de desmantelar el Estado de Bienestar, sino como el camino para darle consistencia frente a cualquier eventualidad.

Avanzar hacia un gobierno político y económico de la Unión Europea

Como acabamos de señalar, la salida de la crisis depende, en primer lugar y fundamentalmente, de lo que hagamos nosotros. Pero no podemos obviar que estamos integrados en una área de moneda única a la cual hemos cedido instrumentos de política económica tan importantes como las políticas monetarias y de tipo de cambio, así como ciertos aspectos de la política fiscal. Por lo tanto, el buen funcionamiento de la zona euro, su gestión macroeconómica y, en particular, su gestión de la crisis de deuda resultan esenciales en la salida de la crisis para economías como la nuestra.

Hace unos meses, se consideraba que la crisis económica podía ser una gran oportunidad para profundizar en el gobierno político y económico de la Unión. Pero la extrema dificultad que reviste la gestión de la crisis ha transformado la oportunidad en una exigencia: cada vez resulta más evidente que sólo profundizando en el gobierno de la Unión se podrá superar la situación actual tan adversa.

Son ya numerosas e influyentes las voces que reclaman avanzar en diversas líneas como el establecimiento de un fondo para las insolvencias; la emisión de eurobonos; la creación de un fondo de rescate suficiente; o la capitalización del sistema bancario. Iniciativas todas ellas coherentes con las gravedad de la situación. Pero lo realmente trascendente es que la Unión Europea pase de una actitud reactiva a los sobresaltos continuos al diseño de un proyecto ambicioso que nos dote de un verdadero gobierno económico.

De la misma manera que sin las políticas de ajuste previas se hace imposible iniciar el camino de la recuperación, incluso nuestra actuación más acertada resultará insuficiente si no avanza en paralelo con una actuación coherente de los países de la zona euro.

Conclusión

En las últimas décadas hemos acumulado los activos para consolidar un crecimiento sostenido y preservar el Estado del Bienestar. Ahora se trata de favorecer una utilización más armónica y eficiente de esos activos. Perseverando en la consolidación fiscal y abordando transformaciones, en diversos ámbitos de la vida colectiva, que no podrán avanzar si no somos capaces de generar un clima de confianza compartida.

Al nuevo Gobierno de España le corresponderá liderar este complejo proceso de cambio en nuestro país y, a la vez, acrecentar su incidencia en la política europea. Pero este proceso también deberá incorporar a instituciones privadas y agentes sociales, que no podrán limitarse a esperar de la política la solución de los males, como tan a menudo sucede.

En una situación no menos compleja ya nos encontramos en los años 70 y primeros 80. Entonces, nuestros partidos políticos, ejercieran funciones de gobierno o de oposición, mostraron capacidad para reflexionar y buscar una salida a aquel atolladero, una salida que combinó competitividad económica, cohesión social y confianza política. Hoy, como entonces, la gravedad exige esas actitudes.

Nos corresponde, a todos, asumir la responsabilidad de nuestro propio futuro pero, al igual que a muchos países de la Unión Europea o quizás a su totalidad, superar la gravísima coyuntura actual sólo será posible si, al mismo tiempo, se profundiza en un mayor gobierno de la Unión. No hay alternativa.

Europa es el mayor éxito colectivo del último siglo. Su modelo social representa uno de los mayores logros en la historia de la humanidad, y su tejido empresarial está resultando competitivo en un mundo global. La idea de Europa no se ha deteriorado. La verdadera transformación se ha producido en otras regiones que, afortunadamente, se han desarrollado. Y, precisamente, como consecuencia de apostar todas ellas por un modelo económico cercano al europeo, y algunas de ellas –especialmente América Latina- por unas democracias también similares a las europeas. Es el éxito del modelo europeo. Y la consolidación de dicho modelo depende, exclusivamente, de los ciudadanos y gobiernos europeos.

Por todo ello, ante quienes reclaman la renacionalización de la política europea, el Círculo de Economía quiere manifestarse claramente a favor de una mayor integración europea, recuperando su profundo sentido político. Un proceso que incorpore una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y que pueda conducir, como ejemplo paradigmático, a la elección directa del Presidente de la Unión Europea por parte de todos los ciudadanos europeos, avanzando hacia una auténtica confederación de Estados, en una perspectiva federal.

Las convicciones que estuvieron y están en el código genético del Círculo de Economia son hoy más vigentes y necesarias que nunca: una profunda apuesta por Europa como proyecto político; una defensa de la economia social de mercado que garantice nuestra competitividad, cohesión social y Estado del Bienestar; y el carácter trascendental de la acción política orientada a esos objetivos. Es, pues, la hora de la política con mayúsculas. Para salir del túnel.

Octubre de 2011