El Círculo Opina: Crisis económica y conflicto político. Reflexiones tras el 25-N

En España, la profundísima crisis económica transcurre en paralelo a una creciente crisis política e institucional. Las tensiones territoriales y el goteo incesante de noticias sobre la corrupción en el ámbito público, afectan muy directamente a la credibilidad y confianza en nuestro sistema político. La existencia simultánea de estos conflictos no hace más que agravar las consecuencias del descalabro económico, deteriorando de manera ya muy seria las condiciones de vida de millones de personas, situando bajo mínimos la confianza en partidos e instituciones, y amenazando la, aún considerable, convivencia ciudadana.

En estas circunstancias tan excepcionales, desde el Círculo de Economía deseamos aportar nuestras ideas acerca de cómo abordar el momento actual. En esta Opinión de Actualidad queremos centrarnos en las consecuencias de las elecciones al Parlament de Catalunya del pasado 25 de Noviembre, que abren un escenario sobre el que encauzar el diálogo político entre Catalunya y el conjunto de España, reformular, en su caso, el marco institucional, y favorecer la imprescindible salida de la crisis económica. A lo largo de las próximas semanas, daremos a conocer nuestra opinión acerca de otras cuestiones de interés prioritario y, en particular, sobre las consecuencias de la percepción de corrupción generalizada, que amenaza gravemente el prestigio de nuestras instituciones y la propia estabilidad de un sistema de partidos que, con diversas vicisitudes, lleva ya vigente casi cuatro décadas.

El Círculo de Economía nació en las complejas circunstancias de los años 50, con la vocación de avanzar hacia la democracia y favorecer la participación de España en la construcción europea. Para alcanzar ese ambicioso objetivo, entonces muy lejano, se creía que a Catalunya le correspondía el liderazgo en la modernización social y económica del conjunto de España y que, una vez plenamente integrados en Europa, se alcanzaría un encaje sólido y estable de Catalunya en España. A su vez, el proyecto europeo debía profundizar en sus instituciones y ampliarse a un número creciente de países.

Tras ver, durante décadas, cómo iban alcanzándose todos esos anhelos, en los últimos años va creciendo la sensación de retroceso generalizado y, hoy, nos hallamos ante una verdadera encrucijada histórica. De nuestro buen hacer depende avanzar hacia un mayor bienestar y progreso o, por el contrario, ahondar en el deterioro de los extraordinarios logros de las últimas décadas. Y ello es especialmente válido, visto desde Catalunya.

I. Las elecciones del 25-n. Un nuevo parlament para una realidad compleja

Las elecciones del pasado 25-N alcanzaron la mayor participación en unos comicios autonómicos en Catalunya, y consolidaron una mayoría soberanista en el Parlament, como se reflejó en la votación del pasado día 23 de enero. Su nueva composición es, por tanto, el reflejo indiscutible de una realidad plural y compleja que se manifiesta, también, en las tensiones internas de las fuerzas políticas que, hasta ahora, han sido siempre mayoritarias en Catalunya.

Junto a esa elevada participación cabe, asimismo, destacar la mayor dispersión del voto. Este dato puede responder a las múltiples sensibilidades propias de una sociedad abierta donde, más que nunca, el debate se ha centrado en dos ejes: el socioeconómico y el territorial, lo que ha favorecido la pluralidad de opciones. Pero, también, refleja el desgaste de los partidos tradicionalmente mayoritarios, pues la suma de CiU y PSC ha pasado de 90 a 70 escaños. Las estimaciones de voto a nivel español reflejan una dinámica similar. Aún cuando no es el objeto de esta Opinión, no queremos dejar de mencionar esta tendencia pues, de persistir, nos conduce a fórmulas de gobernabilidad hasta hoy desconocidas.

Asimismo es de señalar que los ciudadanos han situado también sus prioridades en el ámbito de la economía y la gestión de la crisis, pese a que el debate y la tensión durante la campaña electoral se habían centrado de manera muy destacada en el conflicto territorial. El mandato ciudadano es claro: la intensidad del debate territorial no puede, en ningún caso, dejar en un segundo plano la salida de la crisis económica.

Por todo ello, la nueva realidad parlamentaria no permite descalificaciones previas del pacto suscrito entre CiU y ERC, pues son las dos fuerzas políticas con mayor representatividad en número de escaños. Sin embargo, la fórmula adoptada por ambas formaciones, en que ERC brinda su apoyo parlamentario a la vez que ejerce de primer partido de la oposición, puede desorientar y no aportar la estabilidad y previsibilidad que exigen las actuales circunstancias. Se puede transmitir la percepción de que el compromiso es firme para la denominada transición nacional, pero se debilita para el modo de gestionar la crisis, dada la disparidad en los posicionamientos socioeconómicos de cada formación.

II. El conflicto político permanece. Diálogo y revisión del modelo autonómico

Los acontecimientos evidencian el error de quienes consideraban que el resultado electoral diluía el conflicto político entre Catalunya y el conjunto de España, que se plantea, con diversos matices, a través de la reivindicación del llamado derecho a decidir. El malestar, en este sentido, de una parte significativa de la ciudadanía catalana persiste como, de hecho, ya lo mostró claramente la nueva composición parlamentaria, que basculó hacia los extremos.

Esta nueva etapa política obliga, más que nunca, a iniciar una fase de diálogo y gestión del problema. Un diálogo que esperan los ciudadanos, y que les corresponde liderar a ambos Gobiernos y a los principales partidos de la oposición. Un debate que debemos impulsar, también, desde diversos ámbitos de la sociedad civil.

Desde Catalunya se debe entender que sólo con una gran mayoría de la sociedad catalana, representada por sus partidos, se puede alcanzar un nuevo marco estable de relación política entre Catalunya y el conjunto de España. Determinadas transformaciones políticas o sociales requieren de unas mayorías que van mucho más allá de las estrictamente legales.

Desde España, se debe dialogar sin ningún apriorismo sobre un renovado Pacto que no excluya, por principios, una reforma de la Constitución. El actual modelo autonómico, en su diseño y dinámica, debe adecuarse a las nuevas circunstancias, como ya analizamos detalladamente en nuestra última Opinión La reivindicación de un nuevo pacto fiscal y la imprescindible reforma del Estado de las Autonomías. Y no cabe asignar la responsabilidad de esa reforma exclusivamente a la reclamación catalana pues, aún en el supuesto de no darse, España debería abordar igualmente un proceso de rediseño y ajuste de un modelo que, con todos sus méritos y carencias, ahora debe revisarse. Es precisamente por respeto al espíritu de consenso y concordia civil que animó la Constitución que, desde ese mismo espíritu, debe abordarse la reformulación del modelo.

En este contexto, una consulta ciudadana, dentro del marco legal, adquiere su sentido integrada en un proceso leal, riguroso y profundo de debate, y no debe plantearse como un punto de partida ni como un punto de llegada, sino como un punto de encuentro entre los principios de legitimidad democrática y legalidad. Hemos de evitar los callejones sin salida que conducen a una indeseable confrontación.

III. La prioritaria salida de la crisis económica

Tras más de cinco años de profunda crisis económica, a la que aún no se ve una salida clara a corto plazo, la ciudadanía empieza a manifestar un agotamiento ante lo que se percibe como una inacabable espiral de recortes y ajustes, sin la contrapartida del crecimiento económico. En este sentido, la estabilización de los mercados debería permitir una suavización del proceso de consolidación fiscal de economías como la española que, a su vez, debería trasladarse a sus CCAA y CCLL. Por ello, la reivindicación de un reparto equilibrado de los esfuerzos entre las diferentes Administraciones merece comprensión y respuesta.

Siendo indiscutible que en una Unión Monetaria, de las características de la zona euro, la capacidad de decisión económica supera el ámbito estatal, sí que existe espacio en el ámbito español, y de las CCAA, para favorecer la salida de la crisis. Por ello nos corresponde abordar aquellas reformas, más allá de los ajustes presupuestarios, que conduzcan a una economía mejor preparada para aprovechar la ansiada recuperación.

Y las reformas económicas deben orientarse necesariamente a la mejora de nuestra competitividad. En este sentido, se trata de profundizar en aquellas políticas que han permitido el gran avance empresarial de las últimas décadas. Muestras de este avance es el actual auge exportador, o un informe de la OCDE en que se mostraba como, comparando compañías con más de 250 trabajadores, las españolas alcanzan una productividad superior a las alemanas. Ahora, debemos trasladar esa capacidad competitiva de nuestras grandes empresas a las pymes. Es la única manera de solventar, a medio plazo, el gran drama de nuestra economía: el elevadísimo desempleo, incluso en épocas de bonanza. Y con especial énfasis en el insoportable desempleo juvenil.

Acostumbrados a tantos años en que toda política productiva parecía reducirse a la inversión en infraestructuras físicas, puede parecer que sin recursos económicos resulta imposible mejorar nuestra competitividad. No es así. Una vez hemos avanzado mucho en la dotación de infraestructuras, la gran mayoría de las actuaciones pendientes no requieren tanto de recursos económicos como de voluntad política para su ejecución.

En este sentido, el nuevo Gobierno de la Generalitat dispone de márgenes de actuación. Las primeras medidas anunciadas han sido un aumento de determinados impuestos o la creación de otros nuevos. Unas propuestas que han generado un rechazo generalizado entre el mundo económico por lo que representan de mayor presión fiscal y de repercusión negativa sobre nuestra competitividad relativa. El Círculo de Economía no rechaza, por principios, cualquier aumento impositivo. En general, puede entender y apoyar una mayor presión fiscal si con ella se consigue una mayor equidad y una mejora de nuestra capacidad competitiva.

Pero entendemos que a la espera del desarrollo concreto de las propuestas del Govern, las medidas, si bien de alcance impositivo limitado, no responden a esos principios y suponen una mayor presión sobre las clases medias, sin que contribuyan a mejorar nuestro marco productivo, puesto que inciden sobre sectores de actividad imprescindibles para la recuperación económica. En los momentos actuales resulta indispensable atraer inversión productiva. Por ello, a Catalunya le urge consolidar una imagen de espacio privilegiado para la actividad empresarial, y en ello debe comprometerse los próximos años. En este sentido, las medidas anunciadas por el Govern pueden ir en sentido contrario, al generar desorientación y sorpresa entre el mundo económico.

Nos enfrentamos a cuestiones tan viejas como la relación entre Catalunya y el conjunto de España, la competitividad empresarial, la creación de empleo, o la confianza en nuestras Instituciones. Pero que, hoy, adquieren una intensidad y relevancia desconocidas. Y hemos de recurrir a las soluciones de siempre: el diálogo político y social.

Los Gobiernos español y catalán deben liderar este diálogo, entendiendo desde España que se puede avanzar en la salida de la crisis y, al mismo tiempo, abordar la reforma del modelo autonómico. Un proceso que debe facilitarse desde Catalunya con mayorías parlamentarias que aporten estabilidad y que, sin minimizar la importancia del debate territorial, prioricen la salida de la crisis económica.

No podemos contemplar pasivamente como avanzamos en un proceso de desmoronamiento de los extraordinarios logros que tanto costó alcanzar. Por ello, es inaceptable la falta de diálogo político, precisamente cuando la salida a la gravísima crisis económica pasa por más y mejor política. Y la política sin diálogo, sencillamente no existe. De la misma manera, el diálogo requiere voluntad de entendimiento y no conoce de apriorismos innegociables. Y, también, ha llegado el momento en que la sociedad civil ejerza su rol desde la independencia y la búsqueda del bien común, sin la menor influencia de los intereses políticos de unos u otros. Queremos diálogo y entendimiento y no confrontación. Aún estamos a tiempo de evitar un gravísimo deterioro político, social y económico hacia el que, de momento, seguimos avanzando.

Febrero 2013