El Círculo Opina: El Estatuto de Cataluña. Responsabilidad política y espíritu constitucional

La espera de la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Cataluña se está produciendo en un clima de confusión y crispación en la política española difícilmente aceptable. En la mente de todos están los efectos que estos hechos provocan en la ciudadanía, bajo la forma de desafección por la política y de desconfianza hacia los dirigentes, precisamente en los momentos en que más necesaria resulta la acción de los poderes públicos para hacer frente a la severa crisis económica. Ante ello, el Círculo de Economía desea manifestar su posición, con la voluntad de contribuir a evitar un mayor deterioro de nuestra vida pública.

En la reciente Opinión de actualidad Horizonte 2012: cambio económico y responsabilidad política, el Círculo de Economía expuso la gravedad de la crisis económica que padece España, así como el hecho de que esta crisis económica se ve a su vez agudizada por su coincidencia con un desencuentro político que imposibilita la acción concertada de los partidos para afrontarla con medidas de calado que resultan inviables sin un consenso previo. Transcurridas unas semanas desde su publicación, la dinámica política nos lleva a considerar que cada día estamos más alejados de este consenso.

El Estatuto de Cataluña

La extraordinaria demora del Tribunal Constitucional en dictar sentencia sobre el Estatuto de Cataluña no favorece el clima de serenidad que la coyuntura requiere. Además, durante todo el largo período de tiempo transcurrido desde su impugnación se han sucedido numerosas actuaciones, recusaciones incluidas, que pueden afectar a la percepción de legitimidad e independencia del Tribunal. Todo ello sin olvidar la incapacidad de los partidos políticos para pactar la renovación de los magistrados del Tribunal, que hace tiempo debería haberse producido por mandato legal.

Como era de prever, una demora tan significativa, unida a la propia trascendencia de las cuestiones objeto de la sentencia, favorece un clima de intranquilidad e inquietud que ha sido especialmente evidente en las últimas semanas. La amenaza de una crisis institucional acrecienta la sensación de que la salida de la crisis económica puede ser más incierta y de que puede alejarse en el tiempo.

Sin embargo, resultaría del todo injusto atribuir al Tribunal Constitucional la principal responsabilidad de la situación creada. Al Tribunal se le debe responsabilizar del retraso en dictar sentencia. Hecho, en sí mismo, de una especial relevancia y trascendencia, pero la responsabilidad última recae indudablemente en el ámbito de la política.

Porque, no nos engañemos, el Estatuto de Cataluña no es el único conflicto agravado por la situación política española. Éste es el episodio más reciente, y el que puede resultar de mayor gravedad, en una dinámica de radicalización y enfrentamiento político que va más allá de las lógicas diferencias y desencuentros que se producen en una democracia. En una situación de normalidad institucional, la reforma del Estatuto de Cataluña, y de los Estatutos del resto de Comunidades, se hubiera desarrollado de manera muy distinta, sin generar el grado de conflictividad que venimos padeciendo.

Nunca debieron permitir las fuerzas políticas que una cuestión del calado histórico que significa el encaje de un viejo pueblo europeo, Cataluña, en el inmediato ámbito político del que históricamente ha formado parte, España, se sustanciase ante los Tribunales como si de un pleito de vecindad se tratase. Por consiguiente, la principal responsabilidad por el planteamiento de la situación actual no corresponde al Tribunal Constitucional, sino a unas fuerzas políticas que fueron incapaces de consensuar lo que la razón exigía y la prudencia aconsejaba.

Responsabilidad política y espíritu constitucional

Consecuentemente, son estas mismas fuerzas políticas las que aún estarían a tiempo de evitar que una sentencia, cualquiera que sea su contenido, contribuya a aumentar un clima de desazón e impotencia que parece impregnar la vida política española. En este sentido, la retirada de todos los recursos presentados, unida al compromiso de todas las fuerzas políticas de reemprender, sin renuncias pero con voluntad de acuerdo, el diálogo institucional, volvería a situar el problema en el ámbito político del que nunca tenía que haber salido.

Pero si la acción política no se adelanta a la interpretación judicial, el Tribunal Constitucional debería dictar la sentencia pensando no sólo en una aplicación silogística de la ley, sino ponderando mucho las especiales circunstancias del caso, que no son otras que el dilucidar la constitucionalidad de una ley que ha sido aprobada por el parlamento catalán y por el parlamento español, además de haber sido ratificada por el pueblo catalán en referéndum, lo que la dota de un especial significado como un auténtico pacto político que no puede preterirse ni, aún menos, obviarse.

Por todo lo expuesto anteriormente, si finalmente el Tribunal Constitucional se ve obligado a dictar sentencia, cualquiera que sea el sentido de la misma, es presumible que la cuestión de fondo no quede cerrada. Muy al contrario, jamás desde el inicio de la vida democrática habrá quedado tan de manifiesto el problema que la sustenta: las visiones distintas sobre el encaje de las aspiraciones de Cataluña en España y, más allá, sobre la propia conformación institucional de España.

Una actitud moderada, atendiendo al mismo espíritu constitucional, recomienda avanzar hacia un Estado capaz de incorporar y cohesionar a las diversas comunidades, algunas de ellas con clara vocación nacional, como es el caso de Cataluña. Pero ello sólo resultará posible a partir de un compromiso de las principales fuerzas políticas, y de una interpretación del texto constitucional como una muestra, en su momento, de una concepción posible y cohesionada de la pluralidad española, no como un texto cerrado e inamovible al servicio de las posiciones más uniformes. Y es desde esta misma perspectiva, plural e integradora, que el Círculo de Economía interpreta el editorial conjunto de los periódicos catalanes.

Desde su fundación, hace más de medio siglo, el Círculo de Economía ha pretendido favorecer el encaje de Cataluña en España, Y sigue comprometido en ello. Pero sólo a la política le corresponde reconducir ese encaje. Porqué estamos hablando, ni más ni menos, que de la arquitectura institucional española. Y ella no puede sustentarse en una sentencia.

Antes o después llega para las personas y las instituciones la hora de la verdad. Ésta apunta a ser una de ellas, especialmente en una coyuntura histórica en la que la estabilidad política resultará trascendental para el desarrollo económico español de los próximos años.

Diciembre 2009