El Círculo Opina: Fin de Ciclo. Tiempo Nuevo

La crisis económica, que afecta con especial crudeza a los países meridionales de la zona euro, es de tal intensidad y duración que no sólo conlleva las consecuencias propias de una caída de la economía – en forma de paro, recesión y deuda- sino que también descompone la política y altera la convivencia ciudadana. Bajo formas diversas, es el caso de Grecia, Italia, Portugal, o España. Por ello, podríamos pensar que los males que nos afectan son únicamente consecuencia de la crisis económica. Pero nos equivocaríamos. En nuestro caso, la crisis deja al descubierto una realidad que se venía incubando desde hace años: el agotamiento político e institucional de la ya larga etapa que iniciamos a mediados de la década de los 70.

Las manifestaciones de este fin de ciclo son de variada naturaleza. La sucesión y coincidencia de diversos casos de corrupción política, de especial gravedad, es una de ellas. Esta corrupción ha generado una intensa y generalizada alarma social, que tiende a responsabilizar al conjunto de la actual clase política de todas nuestras dificultades. Pero ello no es así, la corrupción ni es generalizada ni puede atribuirse exclusivamente a la política. Además, podemos hallar otras muestras de ese final de ciclo en el cuestionamiento social de una buena parte de nuestras instituciones políticas, administrativas y judiciales, tal como manifiestan las encuestas de opinión y otros indicadores.

En muy buena parte, este final de ciclo está vinculado a tres factores. Por un lado, a un modelo económico que favoreció la especulación, alimentó la crisis, y deslegitimó a agentes económicos. Por otro, a una estructura de representación política anquilosada y a unas instituciones públicas cada vez más cuestionadas. Y, en tercer lugar, a una sociedad civil desorientada y complaciente. Así, los males que hoy nos acucian son diversos e interrelacionados. Y es precisamente por ello que no pueden considerarse de manera aislada.

Enfrentados a esta realidad, desde el Círculo de Economía creemos que debemos transitar hacia un marco institucional rearmado y válido para las próximas generaciones. Entendemos la prevención, cuando no temor, a este tránsito en un momento de cambio tan profundo. Pero creemos que ésta debe ser la gran prioridad de nuestra política y sociedad en los próximos años.

El fin de ciclo en sus diversas manifestaciones

Los episodios de corrupción que hoy emergen no pueden desvincularse del entorno político- económico en que se originaron desde ya hace unos años. De la misma manera que los excesos nos alcanzan ahora en forma de recesión, deuda y paro, también lo hacen en forma de corrupción y descrédito de la política. La miopía de una dinámica económica basada, en no poca medida, en la especulación y en una actitud condescendiente, cuando no de connivencia, de la Administración, favoreció el desplome económico y el deterioro institucional que hoy padecemos.

Esta connivencia entre poder político y negocios fue posible al amparo de una falta de exigencia social incompatible con los parámetros éticos y jurídicos que exigen la economía de mercado y la democracia representativa. De ahí que hayamos de acompasar el rearme de nuestra democracia con la recuperación de la mejor tradición del capitalismo, la que sabe compaginar la consecución del lucro privado con el bien común y el respeto a las normas.

Si la política no sólo no supo frenar esta dinámica, sino que incluso la favoreció, es porque nuestros partidos vienen arrastrando desde hace ya muchos años unas carencias que deterioran nuestra democracia y el funcionamiento de la economía de mercado. Pese a ser conocidas, la inacción es alarmante y dentro de los partidos prevalece la actitud defensiva. Algunas de esas carencias más evidentes se sitúan en el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas, de la financiación y de la falta de democracia interna. Esa demora de los partidos en acometer las reformas que les afectan resulta desalentadora para la ciudadanía, a la vez que desincentivadora para el compromiso político de personas capacitadas con vocación por los asuntos públicos.

Los efectos de estas disfunciones políticas alcanzan a muchas instituciones públicas que son objeto de cuestionamiento ciudadano. Su desempeño deficiente no sólo distorsiona nuestra vida política y social, sino que también ha alimentado la extraordinaria dimensión que ha adquirido la crisis económica.

En unos casos, porque las instituciones no responden de manera adecuada a los objetivos para los que fueron diseñadas. Quizás el mejor ejemplo lo hallamos en nuestra estructura territorial. Sus disfunciones favorecen que hoy en unas CCAA aumente el desarraigo con el conjunto de España, mientras que en otras aparezca una voluntad recentralizadora. A esta cuestión, de gran relevancia, nos hemos referido en diversas Opiniones recientes.

En otros casos, porque una politización desmedida e incomprensible dificulta el buen desarrollo de las instituciones administrativas. Éste es el caso, por ejemplo, del exagerado e irracional número de altos, y no tan altos, cargos que dependen de la mayoría política de cada momento. Hay que crear una cultura de servicio público en la Administraciones Públicas de la que hoy carecemos. Una cultura que fortalezca la idea de que el funcionario se debe a la función pública, no al superior jerárquico de cada momento. De esta manera se dificultarían las prácticas corruptas, al romper el vínculo de connivencia entre estructura del partido y alto cargo nombrado por esa misma estructura.

También observamos carencias en nuestra sociedad civil, demasiado acostumbrada a una actitud complaciente y que, en ocasiones, muestra defectos en su funcionamiento no muy distintos de los que caracterizan a los partidos políticos. El rearme en este campo es especialmente importante por cuanto la tradicional dialéctica gobierno-mercado que caracterizó el siglo XX ha de dar paso en el siglo XXI a una nueva dialéctica gobierno-mercado-sociedad de mayor complejidad, en la que los individuos y las instituciones privadas deberán asumir un mayor protagonismo y responsabilidad.

Europa también se enfrenta a una nueva etapa y a una sociedad que pide mejor política

Nuestra propia problemática debemos enmarcarla, en primer lugar, en un contexto global que, por un lado, se encuentra en plena transformación de lo que habían sido los equilibrios políticos y económicos vigentes durante muchas décadas, y, por otro, se enfrenta a nuevos retos medioambientales, demográficos y tecnológicos. En segundo lugar, esa problemática propia hay que situarla, de forma especial, en el marco de una Unión Europea que define a la vez que limita nuestro propio marco de actuación, especialmente desde la entrada en vigor del euro.

La moneda única tiene una trascendencia que va mucho más allá de cualquier avance previo en la historia de la construcción europea. Sin embargo, la Unión Europea no acaba de asumir que se halla ante el final de la larga etapa iniciada en la posguerra y que, por tanto, debe diseñar nuevos mecanismos para conducir el ciclo que se inició con la unión económica y monetaria.

En la actualidad existe en la UE, y en particular en la eurozona, una fuerte tensión entre política y democracia. Esta tensión no bien resuelta hasta ahora favorece la desorientación ciudadana y contribuye al creciente distanciamiento respecto las instituciones europeas. Por primera vez en nuestra historia, emerge un creciente desafecto con el proyecto europeo. Sin embargo, aunque parezca incongruente con el desprestigio de la política, la ciudadanía viene manifestando su voluntad por asumir una mayor participación en la vida pública. Ésta es una excelente señal, porque tras el malestar ciudadano no hay, en general, una actitud anti-sistema, sino el deseo de reforzar la democracia. Las instituciones europeas y nuestros partidos, sin embargo, parecen incapaces de atraer y canalizar esa demanda de mayor participación ciudadana y mejor democracia.

Ante la exigencia de rearmar nuestra democracia

El diagnóstico acerca de las debilidades de nuestra democracia es, en general, claro y compartido. A su vez, la voluntad ciudadana por avanzar hacia una democracia mejor es evidente. La cuestión es asumir claramente que estamos en el inicio de una nueva etapa. Si no lo hacemos, y queremos obviar los problemas, o abordarlos de manera aislada, sólo se conseguirá agravarlos.

Estamos, pues, en un momento en que debe prevalecer el ánimo de rearmar nuestra democracia. A menudo, el ciudadano se desalienta al preguntarse quién puede liderar el proceso. La respuesta es sencilla: en un Estado de Derecho dicha responsabilidad recae en los poderes públicos. A ellos les corresponde esta función. A su vez, los ciudadanos deben exigir que la política avance en la línea que desee una mayoría. Y la sociedad civil, a través de su entramado asociativo, debe impulsar, y exigir, esos cambios. Y no cesar en su empeño.

La gravísima crisis económica que padecemos, y que probablemente todavía va para largo, no puede ser motivo para no asumir claramente que, también, nos hallamos ante el fin de la etapa que iniciamos con la Transición. En el tránsito hacia unas instituciones reforzadas y una mejor democracia no hay motivo para el alarmismo ni el desánimo. El único peligro reside en la inacción consecuencia del temor al cambio.

La concepción rígida e inmutable de la Constitución es una de las mejores muestras de ese temor. Quizás sea un buen momento para recordar que a lo largo de nuestra historia, a diferencia de lo ocurrido en otros países, las Constituciones no se han reformado: se han derogado de forma abrupta. Tiempo es de poner fin a esta lamentable tradición cainita y de aceptar que el principio democrático, que vertebra toda Constitución, exige su reforma cuando sus preceptos no responden a la convicción social dominante.

Hoy, se dan todas las circunstancias para, tal como hicimos hace cerca de 40 años, dar un nuevo giro a nuestra convulsa historia y consolidar los extraordinarios avances de las últimas décadas. A este objetivo se compromete el Círculo de Economía, y anima a ello a partidos políticos, instituciones públicas, entidades privadas, y ciudadanía.

Mayo 2013