El Círculo Opina: Horizonte 2012. Cambio económico y responsabilidad política

España se enfrenta a una grave crisis económica e institucional que pone en serio riesgo los grandes avances alcanzados durante nuestra vida en democracia. Por ello, el Círculo de Economía reclama un gran esfuerzo colectivo y una asunción específica de responsabilidades para superar esta etapa tan crucial.

Durante el último año la atención se ha centrado en la crisis económica global que parece haber superado sus momentos más críticos. Pero este carácter global no puede enmascarar que, en el caso español, viene a coincidir con una crisis económica de origen y consecuencias internas, y con una crisis política que tiende a dificultar o imposibilitar el normal funcionamiento de determinadas instituciones públicas, precisamente cuando más necesarias resultan. Además, nuestra sociedad civil carece de la tradición y los mecanismos para subsanar algunas de estas carencias.

El gran objetivo del esfuerzo colectivo que reclamamos es evitar el estancamiento o, incluso, el retroceso en el progreso de las últimas décadas. Y la experiencia nos muestra como nuestra sociedad, si se le expone con claridad la situación y se le propone un objetivo compartido y bien definido, tiene capacidad más que suficiente para la innovación y el cambio. Así sucedió en la década de los 70, de los 80 y de los 90.

Entonces, la exigencia europea permitió visualizar el propósito común y facilitó el esfuerzo para avanzar hacia la democracia; hacia la integración en la CEE; y, finalmente, hacia la adopción del euro desde el primer momento. Ahora, las circunstancias son muy distintas pero la exigencia no es menor, puesto que nuestra sociedad no puede tolerar un nivel de desempleo cercano al 20%, ni aceptar resignadamente que, incluso en épocas de bonanza, le cuesta situarse por debajo del 10%.

El desempleo resulta dramático no sólo para el presente de las personas afectadas. Es también una grave amenaza para el futuro de la economía, dada su incidencia en el equilibrio de las cuentas públicas y en el consumo interno.

Aún cuando sus efectos no sean a corto plazo, resulta indispensable adoptar de manera inmediata y decidida las medidas necesarias para afrontar el grave problema del desempleo y para diseñar una estrategia creíble de salida que permita reconducir nuestros crecientes desequilibrios macroeconómicos, en términos de déficit y deuda. De ahí el título de esta Opinión: Horizonte 2012.

I.- EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS. ECONOMÍA Y POLÍTICA

a.- En el ámbito económico

Son ya muchas las voces críticas hacia el modelo de crecimiento de la economía española y no cabe duda de que nuestro nivel de desempleo es consecuencia directa de sus disfunciones y carencias. Unas voces que se venían oyendo desde hace más de una década pero que quedaban ahogadas por la bonanza económica global y por el extraordinario desarrollo inmobiliario y del consumo en general, que favoreció una sensación de riqueza y bienestar. Un consumo animado no tanto por un incremento de los salarios reales como por el aumento de la población activa -consecuencia de la mayor incorporación de la mujer al mundo laboral y de la llegada masiva de inmigrantes- y el recurso a un crédito en extremo abundante.

La crisis global ha acelerado el hundimiento de esta dinámica, ocasionando un rápido quebranto de las cuentas públicas y del empleo. Ello no obstante, sería injusto considerar que el desarrollo de los últimos 15 años se ha apoyado de manera exclusiva en esta generación de riqueza efímera, pues lo cierto es que nuestra economía y sociedad han protagonizado un gran salto hacia delante, constatable en la proyección internacional de algunos sectores y empresas y en la cantidad y calidad de nuestra producción científica.

b.- En el ámbito político e institucional

España sufre una evidente crisis en su marco institucional, consecuencia directa de determinadas prácticas muy arraigadas en la actuación de los partidos políticos, que provocan un desprestigio global de la política y la función pública. Las consecuencias resultan dramáticas en un momento como el actual, en que deviene esencial la acción política para reconducir los excesos de los mercados.

La parálisis en instituciones básicas de nuestro poder judicial; la desubicación y aparente falta de misión de instituciones como el Senado; la politización partidista de la función pública y de instituciones que deberían situarse al margen de la política; la falta de procedimientos adecuados para conducir las relaciones entre Comunidades Autónomas o entre éstas y el Estado; los continuos escándalos urbanísticos o de financiación irregular de partidos políticos, son algunas de las deficiencias de nuestro marco institucional. Y sin un marco institucional eficiente, la recuperación económica resultará efímera.

II.- RECONDUCIR LOS DESEQUILIBRIOS. AVANZAR HACIA UN NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO

Pese a sus consecuencias sobre nuestra estabilidad macroeconómica, la intensidad y celeridad de la crisis han forzado el recurso intensivo al gasto en protección social y en políticas de demanda para amortiguar los efectos del desempleo.

Ahora, cuando quizás los efectos más severos de la crisis sobre la ciudadanía aún estén por llegar, deben abordarse aquellas actuaciones que faciliten la recuperación, que parece se vislumbra en bastantes países de nuestro entorno. Se trata de combinar medidas que, a corto plazo, sirvan para empezar a reconducir los desequilibrios, con otras que, a más largo plazo, contribuyan a consolidar un modelo de crecimiento propio de un país avanzado, que debe asentarse en su estabilidad macroeconómica; la eficiencia en la asignación de recursos; el crecimiento sostenido; y la redistribución equitativa de la riqueza generada.

a.- Mercado Laboral.- Se hace indispensable definir ya un nuevo sistema de contratación que finalice con la insostenible dualidad de nuestro actual modelo. Para que la recuperación alcance a España, y se traduzca en una clara generación de empleo estable, es necesario superar la rigidez de la contratación indefinida y reducir la utilización masiva de la contratación temporal.

Es muy necesario y conveniente que la negociación colectiva sea flexible para adaptarse a las condiciones específicas de cada sector de actividad y de cada empresa, para que los ajustes en el mercado de trabajo no se produzcan exclusivamente por la vía de la destrucción de empleo.

En este sentido, el marco laboral debe permitir una mayor libertad de las partes para negociar a nivel de empresa, o rama de actividad productiva, eliminando las rigideces que limitan la flexibilidad y capacidad de innovación en los convenios colectivos.

Asimismo, el conjunto de incentivos al empleo merecen ser reconsiderados, traduciéndolos en un esquema más simple que favorezca, ahora, la recuperación y el empleo y, a medio plazo, las actividades de mayor valor añadido por la vía de la formación selectiva y obligatoria a la población desocupada, que debe fijarse como una de las grandes prioridades.

b.- Sistema financiero y financiación empresarial.- La reunión del G-20 ha servido para comprobar el profundo malestar de la comunidad internacional ante pasados comportamientos del sistema financiero, y para avanzar, pese a las dificultades, en un marco regulador más eficiente. Entendemos que el necesario apoyo otorgado al sistema financiero, que permitió evitar la crisis general de confianza, debe conllevar la exigencia de una mayor transparencia y seguridad, sin perjuicio de que las consecuencias de los excesos en la gestión de algunas entidades financieras recaigan sobre el patrimonio de sus accionistas, que es a quien corresponde velar por el buen funcionamiento de sus entidades.

A nivel español, el sector financiero también se ha visto afectado por la crisis inmobiliaria y ha recibido el apoyo público que requería un sector tan vital para el funcionamiento del sistema. Ahora, cuando parece superado el riesgo de colapso, debe seguirse con rigor la evolución de los activos de las entidades y extraerse conclusiones para ajustar los procedimientos de regulación y control.

Por otra parte, no podemos dejar de ser sensibles al desconcierto de las pequeñas y medianas empresas ante el nuevo escenario de acceso al crédito. Debemos entender que, por el bien general, la primera obligación del sector financiero es proteger sus propios balances y que ya pasó el tiempo de crédito fácil y abundante que permitía financiar proyectos cuyo riesgo es ahora inasumible.

Pero la urgente normalización del flujo de financiación de las empresas, del cual depende la continuidad de algunas de ellas y el nacimiento de nuevos proyectos, exige un esfuerzo de pedagogía sobre los parámetros y criterios que determinan la concesión del crédito en el nuevo escenario y la manera como los aplican cada una de las entidades, con el fin de que los solicitantes de crédito puedan ajustar sus expectativas y, en su caso, la preparación de sus proyectos de financiación.

c.- Educación e investigación.- Ahora, más que nunca, resulta indispensable un apoyo decidido a la calidad y estabilidad del modelo educativo como viene reclamando el Círculo desde hace décadas. Pero ello resultará imposible sin un acuerdo entre los principales partidos políticos.

En investigación se han producido avances que han contribuido a posicionarnos en sectores de valor añadido, con un número significativo de empresas que compiten satisfactoriamente en mercados globalizados.

Por ello, resulta especialmente incomprensible que, ahora, no se otorgue a la investigación la prioridad que merece atendiendo a su papel central en el camino hacia una economía de mayor valor añadido. Una vez superada una primera fase orientada a conectar la investigación con el mundo productivo, debe exigirse una mayor atención presupuestaria que consolide los significativos avances alcanzados.

d.- Fiscalidad.- Una modificación del esquema impositivo, que suponga un aumento de la presión fiscal en determinados ámbitos, no es en si mismo merecedora de una descalificación automática. El problema radica en la falta de un guión claro sobre el modelo de economía y sociedad en el que queremos avanzar y, en consecuencia, qué modificaciones fiscales resultan necesarias y cuál es el momento de aplicarlas. Especialmente en momentos tan críticos como los actuales, una reforma fiscal debería ir acompañada de un riguroso argumentario y una sensación de seguridad en el Gobierno, evitando en lo posible la emisión de mensajes previos que corren el riesgo de ser calificados de dispersos y desorientadores.

Dada la necesidad de retornar al equilibrio de las cuentas públicas, los ajustes fiscales que se produzcan no deberían perjudicar, aún más, las tasas de consumo ni la competitividad de nuestras empresas.

Asimismo, el retorno al equilibrio debe provenir de una mayor contención y eficiencia en el gasto público. Debe avanzarse de manera decidida en la transparencia y rendición de cuentas de las Administraciones, en la coordinación de las actuaciones de sus diversos niveles, así como en un ambicioso programa de dirección por objetivos que permita una mayor exigencia y reconocimiento.

Una vez superada la crisis, se hará necesario avanzar en la armonización fiscal en el seno de la Unión Europea en aquellas figuras impositivas que gravan los factores de mayor movilidad.

Tanbién, deberá analizarse con rigor la sostenibilidad del actual modelo del bienestar, apostando claramente por el mantenimiento del mismo, mediante la aplicación, si fuera necesario, de políticas de precios, tasas y copagos de usuarios, asegurando que la medida no perjudica a los sectores más necesitados.

e.- Infraestructuras.- Hay una general coincidencia en que la inversión en infraestructuras, siempre que respondan a una planificación cuidadosamente diseñada al servicio de las necesidades del país, puede resultar un instrumento eficaz para compensar la pérdida de actividad producida por la recesión.

A corto plazo, estas inversiones tienen un impacto directo sobre el empleo, con efectos transversales sobre diversos sectores económicos y, a medio plazo, aportan un patrimonio colectivo que favorece la productividad del sistema y la calidad de vida del conjunto de la población. Sin embargo, las actuales restricciones presupuestarias, dificultan la dotación de recursos públicos suficientes y este condicionamiento conlleva una pérdida de competitividad difícilmente recuperable.

Ante esta realidad global, es creciente el número de países que están impulsando mecanismos de colaboración público privada para la financiación y gestión de sus infraestructuras. En esta línea, la propia Unión Europea se ha mostrado especialmente activa impulsando directivas para la progresiva implantación del pago por uso en la red viaria de alta capacidad.

España debería alinearse con los demás países europeos en la aplicación de estas directivas con el fin de liberar recursos públicos que hoy demandan otras necesidades sociales; armonizar con Europa sus criterios de tarificación de la red viaria, con medidas que se ajustan a los criterios de Kyoto; y posibilitar el apoyo al sector del transporte en carretera, necesitado de una inaplazable transformación.

III.- PRESTIGIAR LA POLÍTICA Y LAS INSTITUCIONES. GOBIERNO DE LA CRISIS

Un buen funcionamiento de la vida política e institucional constituye en si mismo un hecho de extrema relevancia para el bienestar y progreso de una sociedad. Pero, en el caso español y en las actuales circunstancias, sirve además como mecanismo insustituible para favorecer el cambio hacia ese modelo económico basado en la estabilidad, la eficiencia, y el crecimiento sostenido y equitativo.

a.- Prestigiar la política y las instituciones

Son ya diversas las ocasiones en que el Círculo ha manifestado su inquietud acerca del deterioro del marco institucional y ha elaborado propuestas de mejora.

Sin embargo, consideramos que ahora ya no puede avanzarse en la modernización institucional sin una previa reforma en profundidad de nuestro modelo de representación política, que debería contemplar temas pendientes como la ley de financiación de los partidos; la ley electoral, tratando de lograr una mayor identificación de los ciudadanos con sus representantes; y una reforma de la función pública que impida la tendencia de los partidos en el gobierno a ocupar y controlar las instituciones públicas y aquéllas del ámbito privado dependientes, en mayor o menor medida, de los poderes públicos. Una dinámica a la que no se puede sentir ajeno ningún partido político.

Debe manifestarse claramente que se hace indispensable acabar con la extraordinaria politización de la función pública. Se requiere avanzar en unas Administraciones Públicas profesionalizadas que ofrezcan posibilidades reales de promoción y reconocimiento a los profesionales de la función pública.

Sería iluso pretender un escenario político compendio de virtudes y ajeno a las ambiciones personales. Pero sí se necesita un sistema de pesos y contrapesos que ahora no se produce y que explica, en buena medida, el creciente desafecto ciudadano y la sensación de que los partidos políticos no responden a las prioridades ciudadanas.

b.- Gobierno de la Crisis

Una gran mayoría de los ciudadanos aspiraba a que los principales partidos políticos, ante la extrema gravedad de la crisis, fueran capaces de alcanzar acuerdos, aunque fueran de mínimos. Sin embargo, ha acontecido lo contrario. Parecen predominar las actuaciones tácticas con vocación electoral. Para preservar el poder, superar la crisis y revalidar la mayoría. O para desgastar al Gobierno y forzar un cambio de mayoría. Tendencias similares se producen en todos los partidos y ámbitos territoriales.

Para la gran mayoría de los ciudadanos el problema no reside en quién vaya a alcanzar el poder en las elecciones generales previstas para 2012, sino en qué estado pueden hallarse nuestra economía y nuestra política en esa fecha.

Por otra parte, debería recordarse, viendo experiencias propias y ajenas, que unas elecciones celebradas en un ambiente de deterioro suelen caracterizarse por una elevada abstención y unos resultados que no favorecen la gobernabilidad.

IV.- LA RECUPERACIÓN NO VENDRÁ POR SI SOLA. RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Sería injusto otorgar la plena responsabilidad de nuestra presente situación económica al actual Gobierno o a los que le precedieron. La globalidad y complejidad de la crisis van más allá de la acción de un Gobierno determinado. Pero ahora, dada la gravedad de la crisis y abocados a un indispensable cambio económico, sólo quienes ostentan el gobierno pueden liderar las necesarias transformaciones.

Las crisis no responden a una fatalidad inalterable. Sus efectos dependen de la situación de cada economía y de la capacidad de respuesta civil e institucional de cada país. En el momento actual, cuando la economía parece ya haber tocado fondo, el Gobierno y la oposición no pueden eludir sus responsabilidades. Es su obligación desarrollar propuestas políticas coherentes y afrontar las reformas necesarias para que el proceso de salida de la crisis sea lo más rápido y eficaz posible.

El interés general reclamaría un amplio acuerdo social y un pacto político entre los principales partidos. Pero si uno y otro no fuesen posibles, es obligación del actual Gobierno asumir sin dilación sus responsabilidades, y evitar el deterioro de la situación económica y del empleo. Y consideramos que entre esas responsabilidades figuran las señaladas en esta Opinión.

Octubre de 2009