El Círculo Opina: Para salir de la crisis en España y en Europa. Una agenda propia y un reequilibrio en las prioridades de la Unión Europea

Tras unas semanas en las que diversos indicios parecían señalar el inicio definitivo de la recuperación, con la recaída de nuestra economía en la recesión, han regresado todas las incertidumbres. Más allá de los aciertos o errores del nuevo Gobierno en cada una de las reformas que viene desarrollando, las razones de esta recaída se enraízan en cuestiones de fondo, muchas de ellas de ámbito europeo, que no se han abordado de manera suficiente.

Precisamente, estas cuestiones de fondo centraban nuestra última Opinión de Actualidad “A tiempo de salir del túnel. La hora de la política”. En dicha Opinión advertíamos de la necesidad de acompasar las políticas de ajuste fiscal con aquéllas a favor del crecimiento, y todo ello en el marco de una profundización en la política económica y fiscal común de la eurozona. En los meses transcurridos desde entonces, vemos como el número de países de la Unión Europea que entran en recesión va en aumento. Mientras el resto del mundo crece, los europeos perseveramos en la austeridad como principal, cuando no única, estrategia para salir de la crisis.

Nuestra economía se ve forzada a un intenso proceso de reducción de su extraordinario nivel de deuda privada. En paralelo, es necesario llevar a cabo un proceso similar en el ámbito público, pese a que nuestra deuda pública se sitúa en un nivel razonable, en términos relativos, si bien su alto coste de financiación y elevado déficit contribuyen a su crecimiento.

Este proceso de desendeudamiento conduce, inexorablemente, a una caída del consumo y de la inversión. Esta disminución de la demanda interna sólo puede ser compensada por una evolución positiva del sector exterior de nuestra economía. Pero la pertenencia a una unión monetaria imposibilita la devaluación, a la vez que nuestros principales mercados de exportación se hallan en una situación de estancamiento consecuencia, asimismo, de los procesos de acelerada consolidación fiscal en los países de la Unión Europea. Esta situación económica recesiva de la eurozona dificulta el objetivo exportador español y la salida de la crisis.

A la vez, nuestras Administraciones Públicas han ahondado en un complejo, y en ocasiones errático, proceso de ajuste fiscal, que en vez de ser explicado como una necesaria decisión interna se ha visto como una imposición desde la Comisión Europea y los países centrales de la Unión Europea, especialmente Alemania. Por ello, no es de extrañar el creciente malestar y agotamiento ciudadano por las consecuencias de una crisis tan profunda y prolongada, de la que aún no se ve la salida y que, en España, ya afecta de manera directa a cerca de seis millones de ciudadanos que carecen de empleo.

En situaciones tan complejas como las actuales, resulta fundamental que las Instituciones democráticas sean capaces de mantener la confianza ciudadana para que puedan ejercer el papel indelegable de liderazgo que les corresponde. Sin embargo, la sensación dominante es que los Gobiernos actúan de forma reactiva y con visión cortoplacista frente a las señales de los mercados financieros globales. Esto no hace más que deteriorar la confianza social necesaria para avanzar en el proceso de ajuste y reformas. Así, para evitar males mayores, resulta indispensable que los Gobiernos sepan convencer a los ciudadanos de que sus actuaciones no son reacciones improvisadas a los vaivenes de los mercados, sino que responden a un plan de actuación que incluye objetivos a medio y largo plazo para dar solución a nuestras propias necesidades. Es, además, la única manera de conseguir el apoyo estable de los mercados.

Para lograr esa doble confianza, de la ciudadanía y de los mercados, debemos avanzar en dos direcciones. Por un lado, en la conformación de un guión propio, lo más compartido posible, que permita estabilizar la economía y consolidar la recuperación; por otro, y en paralelo al despliegue de la agenda propia, es necesario reforzar nuestra influencia en las Instituciones comunitarias y ante los países centrales de la Unión Europea para favorecer un reequilibrio en las prioridades de la eurozona, situando el crecimiento y la estabilización financiera al mismo nivel que la consolidación fiscal.

I. Una agenda propia para la economía española

España se halla enfrentada a graves problemas económicos y sociales que amenazan con deteriorar algunos de los logros acumulados durante nuestra vida en democracia. Entre esos problemas queremos mencionar en esta ocasión el paro, la dimensión microeconómica de la competitividad empresarial, el necesario retorno del crédito, la consolidación fiscal y el funcionamiento del modelo autonómico.

El paro.- Sin duda, el desempleo constituye la peor consecuencia de esta profunda crisis económica, en la medida en que deteriora seriamente nuestro tejido social. Las cifras adquieren dramatismo al considerar el nivel de desempleo entre los más jóvenes, muchos de los cuales observan cómo transcurren los años sin vislumbrar una posibilidad de acceder al mundo laboral. Y cuando tienen esa fortuna ven como su incorporación al mercado laboral es en puestos de trabajo que no responden a su preparación. Estamos acercándonos a la posibilidad de hacer realidad el tópico de la generación perdida.

La singularidad de esta crisis y la cuantía de desempleo que ha ocasionado no permiten considerar una recuperación similar a la de episodios anteriores. Así, parece descartable que la reactivación económica genere por si misma el empleo suficiente para absorber el paro acumulado en los años de crisis.

Por ello, la recuperación del crecimiento debe ir acompañada de un conjunto de actuaciones que incentiven la creación de empleo, y entre ellas algunas de carácter excepcional. En este sentido, para conseguir la incorporación de los jóvenes a la dinámica laboral, no podemos descartar alternativas de ocupación que respondan al sentido de los denominados “minijobs”.

Otras medidas, de carácter permanente, deben servir para mejorar el mercado laboral en su conjunto. Nos referimos a una serie de actuaciones que se vienen reclamando desde hace años y que la crisis puede forzar a su adopción. Así, consideramos una actuación decidida contra la actividad sumergida; una revisión de las prestaciones del desempleo para eliminar aquellos incentivos perversos que se hallan anclados en el sistema y que desincentivan la reincorporación al mercado laboral; la adecuación del modelo de formación del desempleado, haciéndolo más exigente y orientándolo a nuestras necesidades productivas; y el rediseño de los organismos públicos de oferta de empleo.

Finalmente, debemos considerar actuaciones, absolutamente impensables hace pocos años, como favorecer y conducir la movilidad de ciudadanos españoles hacia la Unión Europea y países emergentes, donde nuestras calificaciones profesionales tienen demanda; y estimular el retorno de inmigrantes desocupados a sus países de origen.

La competitividad empresarial.- La crisis nos exige profundizar en el esfuerzo colectivo para mejorar nuestra capacidad de competir en los mercados globales. Este esfuerzo arranca de los tiempos del Plan de Estabilización de 1959, y se aceleró posteriormente tras nuestra incorporación a la CEE y la posterior pertenencia a la zona euro. Ahora tenemos que redoblar ese esfuerzo, algo que merece la pena llevar a cabo teniendo en cuenta los positivos resultados alcanzados en las dos décadas precedentes, que justifican el esfuerzo que nos queda por delante.

Mejorar la competitividad exige medidas a nivel macroeconómico, pero el principal esfuerzo debe venir de dentro del mundo empresarial. En este momento, la dimensión micro de la mejora de la competitividad es un objetivo esencial. Los actores privados deben asumir esta responsabilidad en la salida de la crisis. En este sentido, seguimos sin abordar una de nuestras grandes asignaturas pendientes, alcanzar una mayor dimensión de nuestras pequeñas y medianas empresas. En muchas ocasiones, sin ese aumento de la dimensión, resulta imposible desarrollar políticas básicas como la internacionalización, la innovación, y la mejora de la productividad. Este mayor dimensionamiento se alcanzará si un cambio en la actitud de los actores privados, va acompañado de una legislación favorable a los procesos de concentración empresarial. Un primer paso sería la eliminación de aquella regulación fiscal que desincentiva la concentración y el crecimiento del tamaño empresarial.

Por otra parte, la perdida de competitividad desde nuestra entrada en el euro, está relacionada con los diferenciales de inflación respecto los países centrales de la Unión, especialmente Alemania. Se tiende a responsabilizar de ese diferencial al aumento de nuestros costes salariales, pero hay otros factores que han incidido con mayor intensidad en este diferencial de inflación. Esos factores los hallamos en muchos bienes y servicios, cuyos mercados siguen teniendo una regulación que distorsiona la competencia. Es necesario, por tanto, un esfuerzo sin precedentes en la reforma de los mercados. Es la única manera de ganar competitividad y posicionarnos definitivamente como una economía avanzada. Ello no aminora, en cualquier caso, la necesidad de ajustar los costes laborales unitarios para recuperar competitividad.

El retorno del crédito.- Se ha iniciado una ambiciosa reforma de nuestro sistema financiero, acorde con el calado de una crisis que, por ejemplo, ha forzado la práctica desaparición de las cajas de ahorro. Pero es necesario profundizar en la reforma hasta lograr el definitivo saneamiento de los balances bancarios.

A lo largo de los próximos meses, podremos observar la suficiencia de la reforma, sin perder de vista que el primer objetivo del proceso no puede ser otro que el retorno del crédito. Por ello, resulta fundamental la capacidad de seguimiento y reacción en el proceso de recapitalización y saneamiento de la banca, para reorientar la política adoptada si, en su caso, se hace necesario.

Hasta el momento, se ha procurado que el proceso de saneamiento recaiga, esencialmente, sobre el propio sector financiero español. Llegados a la situación actual, en que la mayor parte del proceso de saneamiento ya se ha abordado, y ante el enorme riesgo que conlleva no poder finalizarlo, el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la finalización rápida del proceso, aunque las mismas no respondan a los criterios de actuación dominantes hasta el momento. En este sentido, acontecimientos recientes en el sector financiero pueden avalar una reorientación de las políticas de saneamiento.

El equilibrio en las cuentas públicas.- Las políticas a favor del crecimiento no son incompatibles con el proceso de consolidación fiscal. Por el contrario, es indispensable el despliegue simultáneo de ambas políticas.

La magnitud del ajuste fiscal necesario es tan grande que no puede haber partidas intocables. Existe aún margen para mejorar las cuentas por el lado del ingreso, y hay que considerar aquellos tributos, como el IVA, que con bajo impacto distorsionador de las decisiones productivas, tienen un alto poder de recaudación y, bien diseñados, pueden ser neutrales en su equidad social. Una subida del IVA, además, no afecta a las exportaciones, eje central de una potencial recuperación de nuestra economía.

Un gran ámbito de mejora de la partida del gasto lo hallamos en la racionalización en los procedimientos de prestación de los servicios públicos. En una primera fase, y acuciados por las exigencias de las instituciones europeas y los mercados, las reducciones del gasto se han focalizado a través de recortes lineales. Ahora llega el momento de la eficiencia, que solo se alcanzará con un mejor diseño y funcionamiento en los procedimientos. Una dinámica que, inevitablemente, conlleva la necesidad de mejorar la organización y eficiencia de nuestro modelo autonómico.

El modelo autonómico.- La crisis que afecta a España no es sólo económica, sino que tiene también una dimensión institucional. La mejor muestra de ello es la progresiva insatisfacción con el funcionamiento del modelo autonómico. La inquietud no es sólo interna, sino que viene también de las Instituciones europeas y de los mercados.

Ya nos hemos referido en diversas Opiniones de Actualidad anteriores a la creciente incomodidad existente en Catalunya, esencialmente como consecuencia de la sensación generalizada de agravio en su relación fiscal con el Estado. A ello, se une el incipiente malestar, que se va extendiendo por toda España, sobre el sentido y viabilidad del Estado de las Autonomías en su actual diseño. Sin duda, la crisis exacerba estas inquietudes y, además, pone de relieve las debilidades de un modelo de financiación inviable, dado el derrumbe, en gran parte irreversible, de determinadas partidas de ingresos.

Tras más de 30 años de funcionamiento, la valoración global del sistema autonómico debe ser positiva, si bien manifiesta carencias preocupantes. Desde un punto de vista político, la incomodidad de Catalunya es una de sus muestras más evidentes. Hay que vincularla con un modelo que, en sus inicios, intentó homogeneizar lo que, sin duda, era muy diverso. Y el desbarajuste financiero actual es el reflejo indiscutible de la ineficiencia y fragilidad de un sistema que otorga una elevada descentralización del gasto, que no guarda relación con la capacidad de decisión política ni con la responsabilidad sobre el ingreso que corresponde a las Comunidades.

Por todo ello, aún cuando resulte prioritario encauzar definitivamente la salida de la crisis económica, esa prioridad no debe relegar el abrir un proceso de reflexión y diálogo que permita una reforma de calado para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del modelo.

II. Un reequilibrio en las prioridades de la Unión Europea

La agenda de medidas propias que acabamos de mencionar, debe implementarse con independencia de las exigencias de los mercados y de los dictados de Bruselas, pero resultaran insuficientes si las Instituciones de la Unión Europea, y especialmente los países de la zona euro, no profundizan en su política económica y fiscal común.

Aunque hay que reconocer que se han producido avances importantes en los dos últimos años, éstos han resultado insuficientes hasta el momento. También en este ámbito se ha dado la sensación que se actúa siempre de manera reactiva para evitar males irremediables, cuando lo que se necesita son señales convincentes del compromiso con la moneda única.

En nuestra última Opinión de Actualidad defendíamos diversas medidas de política fiscal y económica que deberían implementarse desde los organismos europeos para hacer compatible la consolidación fiscal, el desendeudamiento y el crecimiento. En particular, señalábamos la conveniencia de los eurobonos y la capitalización del sistema financiero desde los nuevos mecanismos de intervención financiera de la eurozona. Afortunadamente, los equilibrios comerciales y fiscales de la Unión en su conjunto permiten un amplio margen de actuación, lo que facilita la cada vez más necesaria flexibilización en el proceso de ajuste fiscal en los países de la zona euro.

Desde el Círculo de Economia consideramos que esta mayor integración requería, como ha sido desde la creación de la CEE en 1958, un nivel suficiente de confianza entre unos y otros estados miembros de la Unión. Sin embargo, parece que esa confianza se ha debilitado bajo los efectos de una crisis que ha favorecido el repliegue hacia posiciones estrictamente nacionales. El coste de esta falta de visión conjunta de la Unión ha sido elevado, tanto por la intensificación y alargamiento de la crisis, como por la creciente desafección ciudadana con el proyecto europeo.

Pero, aún sin esa confianza mutua, es en interés del proyecto común y del de cada uno de los diversos miembros de la zona euro, que debemos avanzar en esa mayor integración que, inevitablemente, conlleva una cesión de soberanía nacional.

Una parte muy importante de los países de la zona euro, entre ellos España, se halla inmersa en un proceso de consolidación fiscal que, por su intensidad y rapidez, conlleva un peligro de deterioro social, institucional y económico.

Aún siendo indispensables, estos procesos corren el riesgo de resultar insuficientes, cuando no contraproducentes, si la Unión Europea sigue posponiendo la necesidad de acompañar la consolidación fiscal con políticas de crecimiento y no acaba de avanzar en la integración económica y fiscal de la zona euro.

Europa se encuentra en el momento más delicado desde el final de la II Guerra Mundial. Pero es, también, un momento único para avanzar hacia ese gran objetivo que animó a los fundadores de la Comunidad Económica Europea: la integración política desde una perspectiva federal. Éste es un objetivo que debe seguir plenamente vigente. Como también deben seguir vigentes las lecciones de una historia que señala que los errores se pagan. Por ello, no podemos permitir que el euro fracase.

Mayo de 2012