El Círculo Opina: Por una respuesta urgente a una grave crisis

I. Más allá del nombre de las cosas

Cuando, en 2007, estalló en Estados Unidos la crisis de las hipotecas subprime, se inició una etapa de profundas turbulencias en los mercados financieros. Dichas turbulencias, centradas inicialmente en los países occidentales, han acabado por afectar, con mayor o menor incidencia, al conjunto de la economía global, sin que, en el momento de redactar esta Opinión de Actualidad, podamos vislumbrar en qué momento se producirá una estabilización.

La primera e inmediata consecuencia de esta coyuntura -que en un primer momento parecía que podría tener un carácter pasajero que permitiría mantenerla aislada de posibles impactos sobre los fundamentos de la economía real- ha sido la extraordinaria pérdida de credibilidad de todo el sistema financiero internacional. Hecho que se ha evidenciado en las importantes dificultades que están afrontando muchas entidades norteamericanas y europeas, con independencia de su tamaño, que han obligado a una política – necesaria- de fuertes intervenciones por parte de algunos gobiernos y bancos centrales.

Estos hechos, de ser aislados, habrían tenido un impacto más o menos importante, pero en cualquier caso reconducible de un modo relativamente rápido, como lo fue la repercusión de la crisis financiera en Asia y Rusia de finales de los 90. Pero en esta ocasión se suman a otros factores, de naturaleza más estructural y que hacen del actual momento económico la primera crisis de alcance realmente global.

Se trata, además, de la primera crisis desde la instauración de la Unión Monetaria y por ello la primera que deberemos gestionar sin el recurso a las tradicionales herramientas de política monetaria y de cambio que gobernaban los bancos centrales de cada país.

Entre los factores estructurales encontramos la demanda creciente de petróleo, materias primas y alimentos por parte de las economías emergentes y, de modo singular, las de China e India, así como la limitación – no menos estructural- de la oferta de combustibles fósiles para poder atender sin tensiones esa demanda adicional.

La situación de la economía española presenta, en este marco, varias peculiaridades que le confieren un perfil propio y acentúan la gravedad de la situación.

La primera de esas características específicas ha sido, durante los más de diez años del último ciclo alcista, la adopción –vista ahora ex post- demasiado alegre y confiada de un modelo de crecimiento basado fundamentalmente en la construcción, en el consumo interno, y en el recurso al dinero barato.

La segunda, una dependencia enorme del ahorro exterior, lo que, si por una parte ha inmunizado a la economía española contra las consecuencias de la crisis provocada por las hipotecas subprime (las entidades financieras españolas no adquirieron esos activos), también ha puesto de relieve la fragilidad de un modelo de crecimiento que se sustenta en la aportación masiva de capitales exteriores, ya que, cuando cesa este flujo, como ha sucedido a partir de agosto de 2007, se produce una profunda crisis de liquidez en las instituciones financieras, con una correlativa restricción crediticia que afecta gravemente a la economía productiva.

Así las cosas, es inocultable el significativo deterioro de la situación económica, que, por lo que a España se refiere, se pone de manifiesto en una desaceleración del crecimiento, cuyo alcance se puede discutir pero no negar, un aumento significativo del paro y una tasa de inflación que, aunque influida por factores exógenos, es muy superior a la que hace poco tiempo se consideraba probable.

Todo ello, con ser grave, incrementa su potencial impacto negativo por la sensación de desconcierto que ha comenzado a arraigar en buena parte de la sociedad española. Un desconcierto que no superaremos negando la situación, minimizándola con multitud de recursos semánticos, o haciendo de ella un instrumento de lucha partidista.

El primer paso para el tratamiento efectivo de una crisis es su diagnóstico precoz y reconocimiento, lo cual no debe identificarse con pesimismo. En todo caso, este último derivaría de la actitud con la que afrontemos el tratamiento y la confianza que tengamos en su éxito.

La sensación de crisis que invade a la sociedad española se manifiesta en una retracción del consumo por parte de los ciudadanos, en una disminución de confianza inversora por parte de los empresarios, y en una evidente falta de liquidez de las instituciones financieras, bancos y cajas, acentuada por una morosidad al alza.

Así las cosas, resulta evidente que España se halla ante un problema, sin duda complejo y de primera magnitud, al que debe hacer frente con urgencia y seriedad.

Sin embargo, la economía y la sociedad española están aún en una buena posición para afrontar este reto. La cohesión social y el proceso de modernización económica e internacionalización de muchas de nuestras empresas en la última década son hoy activos importantes para acometer ahora el reto que nos plantea la crisis.

II. La fijación de las prioridades

Si la acción política ha de perseguir, por principio, el sometimiento de los intereses particulares al interés general, dicha acción ha de centrarse en primer lugar, también por principio, en los temas que son prioritarios desde el punto de vista del interés general. De ahí que la fijación de un orden de prioridades adecuado, según esta exigencia, constituya la primera tarea que deba afrontar un político. Una tarea a la que no pueden ser ajenas las instituciones sociales, que deben asumir el papel activo que les corresponde.

Desde esta perspectiva, está fuera de toda discusión que la actual situación de crisis económica ha de constituir la prioridad máxima de la política española, tanto del partido en el gobierno, como del principal partido de la oposición y del resto de las formaciones parlamentarias. Ello no supone minimizar la trascendencia que revisten otras cuestiones que el gobierno se dispone a abordar en esta legislatura, sino tan sólo señalar que los máximos niveles de preocupación, atención y acción deben dirigirse prioritariamente a afrontar las consecuencias de la crisis, para paliar, en la medida de lo posible, sus efectos, y adoptar las reformas precisas destinadas a corregir las actuales disfunciones y potenciar las posibilidades de nuestra economía.

De lo dicho se desprenden dos consecuencias. La primera es que cualquier digresión o distracción, dirigida a minimizar el alcance de la crisis, a no establecer su diagnóstico correcto o a maquillar sus consecuencias, constituiría, dada la gravedad de la situación, un error político con un importante impacto económico y social. Y la segunda es que, precisamente por la importancia del envite, conviene que las fuerzas políticas sean capaces de establecer unas bases comunes sobre las que, por un lado, llevar a cabo una política económica de acción inmediata contra la crisis y, por otro, sentar los fundamentos de reformas estructurales a medio plazo. Y de compartirlas con los agentes sociales para lograr el máximo consenso posible que facilite su efectiva e ineludible aplicación.

III. Una política económica de consenso

En la memoria histórica de los españoles figuran de forma destacada los Pactos de la Moncloa, suscritos el 25 de octubre de 1977, en los que se consensuaron unas medidas de saneamiento que permitieron encauzar la profunda crisis económica de entonces, así como planificar la cirugía necesaria para salir de ella. Su génesis fue consecuencia de la extendida y certera convicción existente en aquel momento de que la prolongación de los desequilibrios conduciría a una situación de colapso económico con gravísimas consecuencias políticas. O, dicho de otra manera, el pacto económico fue una condición necesaria y previa para el posterior pacto constitucional.

Han pasado más de 30 años. La democracia española está consolidada y la sociedad española de aquellos tiempos queda muy lejos en todos los sentidos: España cuenta con una sociedad y una economía más fuertes, más ricas y más abiertas. No se trata por tanto de la reedición mimética de unos pactos que corresponden a un momento histórico determinado. Pero ante una situación económica como la actual, la prudencia y la responsabilidad aconsejan compartir los criterios básicos de la política económica, sin que ello signifique renuncia alguna al debate público y a la deliberación parlamentaria.

De modo que, ante la situación actual de la economía española – caracterizada por un fuerte desequilibrio exterior, una débil productividad, una acusada exposición a la crisis energética, una inflación notable, un paro creciente y cierta demora en afrontarla debidamente-, sería deseable que el gobierno convocara a los líderes políticos, a los responsables de las Comunidades Autónomas y a los agentes sociales (empresarios, sindicatos) para alcanzar un pacto de estabilidad que adopte una serie de medidas encaminadas básicamente a los objetivos siguientes:

  1. Garantizar una adecuada distribución de las cargas de la crisis, compensando la imprescindible moderación salarial y de rentas con un compromiso paralelo de contención de precios en origen y en los canales de distribución y de contención de los márgenes empresariales, acompañado de una política de vigilancia estricta de posibles prácticas colusivas y de un aumento de la competencia efectiva.
  2. Conseguir una disminución significativa del grado insostenible de absentismo laboral, que permitiría atenuar los sacrificios necesarios a corto plazo y reforzaría nuestra capacidad competitiva a medio y largo plazo.
  3. Asegurar el mantenimiento de las prestaciones sociales, para paliar los efectos de la crisis sobre los ciudadanos y sobre las familias.
  1. Acometer las reformas precisas para pasar de un modelo en el que el crecimiento económico se apoya en una especialización en productos de baja productividad y, de forma particular, en la construcción y el consumo interno, a otro fundado en una especialización en productos de alto valor añadido y elevada demanda exterior, con las correlativas exigencias de productividad y competitividad.
  2. Diseñar actuaciones que, sin asumir desde el sector público los efectos de los riesgos en que incurren los particulares, aseguren la confianza social en el sector financiero y faciliten a las empresas solventes un acceso razonable a su financiación.
  3. Y replantear el debate energético, abiertamente, sin prejuicios ni tabúes.Con independencia de su plasmación legal y reglamentaria, un pacto de

este tipo sólo puede basarse en la responsabilidad, la lealtad y la confianza entre las partes. La ciudadanía tiene derecho a exigirlas y el deber de secundarlas.

IV. Conclusión

El Círculo de Economía apela al gobierno a convocar, con el acuerdo de la oposición, un gran Acuerdo que, además de reducir el impacto de la crisis, la convierta en una oportunidad para encauzar la economía española hacia el futuro. Por el solo hecho de convocar el Acuerdo se crearía un clima de confianza que, sin duda, incidiría positivamente en la dinámica de la sociedad española, que ha demostrado su capacidad para superar momentos aún más difíciles.

Barcelona, julio de 2008.