OPINIÓN DE ACTUALIDAD: DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DEL 27-S: DIÁLOGO, ACUERDO Y REFORMA

Los ciudadanos de Catalunya están convocados el próximo 27 de Septiembre a unas elecciones cuya primera finalidad es elegir un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno para los próximos cuatro años. Pero no se puede desconocer que se celebran en un clima político excepcional, que dará a los resultados un significado que irá más allá de esa finalidad.

El Círculo de Economía es una institución de la sociedad civil en la que conviven  personas con preferencias políticas diversas. No nos corresponde, por tanto, tomar posición partidista. Cualesquiera que sean los resultados electorales, el Gobierno que resulte estará legitimado por el ejercicio libre y soberano de los votantes.

Pero sí queremos aportar nuestras reflexiones acerca de los procedimientos que, en su caso, podrían utilizarse para la reforma del marco institucional con la que dar cauce a las aspiraciones de cambio que hay en el seno de la sociedad. Para estas reflexiones nos apoyamos en los principios y juicios de valor que han inspirado al Círculo desde su nacimiento en 1958. En primer lugar, la defensa de un modelo de sociedad plural, de una democracia liberal y de una economía de mercado abierta e integrada en Europa. En segundo lugar,  la apuesta por el diálogo, el acuerdo y la reforma cómo método para el progreso político.

Primera.  Si las fuerzas políticas que llevan en su programa la opción independentista tienen una mayoría absoluta el 27-S, gobernarán legítimamente y habrán acumulado fuerza política en defensa de su opción.

Pero desde los principios de la democracia liberal que defendemos, el uso político de la mayoría tiene que ser compatible con el respeto a la pluralidad social y a las reglas del Estado de Derecho. En este sentido, una cosa es salir reforzado de unas elecciones y otra muy distinta dar pasos que no respeten esos principios. Creemos firmemente que cualquier cambio estructural -y la independencia sería la máxima expresión- requiere una mayoría cualificada que en ningún caso puede desprenderse de unas elecciones como éstas, sino de la legitimidad de una consulta legal, acordada y bien informada.

Como hemos manifestado en “Opiniones” anteriores no compartimos decisiones unilaterales que puedan poner en riesgo el principio de legalidad  y la pertenencia a las instituciones europeas y al euro. Como es lógico, dada la naturaleza de una institución como la nuestra vinculada al mundo económico, vemos con preocupación las consecuencias que podrían tener  para la economía, las finanzas, las inversiones y la presencia de sedes empresariales en Catalunya. Pero confiamos que, en cualquier caso, el Parlamento y el Gobierno que salgan de las elecciones del 27-S serán respetuosos con esos principios.

Segunda. Con la misma lógica, un resultado electoral del 27-S que diese mayoría parlamentaria al conjunto de las fuerzas políticas que no llevan en su programa la independencia no podrá interpretarse en el sentido de que la sociedad catalana es partidaria del “statu quo” y que no es necesario cambio alguno. No es así.

En Catalunya existe un deseo ampliamente mayoritario de mejora del autogobierno, de cambio del modelo de financiación y de reconocimiento político de su personalidad. Esto no implica privilegios en perjuicio del resto de españoles.

A pesar del quietismo y la resistencia al cambio que ha caracterizado la actuación del gobierno central en este ámbito, creemos que es posible ese reconocimiento en el ordenamiento legal y constitucional. En este sentido, las elecciones del 27-S junto con las elecciones generales de diciembre abren una nueva ventana de oportunidad para, a través del diálogo, el acuerdo y la reforma hacerlo posible.

Tercera. Por lo tanto, después del 27-S y de las elecciones generales de diciembre el objetivo prioritario deberá ser reconciliar el principio de legalidad del Estado de Derecho con el principio democrático. El primero obliga a respetar las reglas y, en su caso, cambiarlas mediante los procedimientos establecidos. Pero, a la vez, el principio democrático, inscrito también en el frontispicio de la Constitución, lleva a los poderes públicos a encontrar los cauces legales adecuados para canalizar las aspiraciones de cambio existentes en  la sociedad.

Como hemos dicho anteriormente, estamos convencidos de que las aspiraciones de una gran mayoría de ciudadanos de Catalunya a un mejor autogobierno y al reconocimiento de sus singularidades tienen encaje en nuestro ordenamiento legal. El lograrlo no es sólo responsabilidad de las fuerzas políticas sino de toda la sociedad.

Cuarta. Si de forma clara los ciudadanos de Catalunya diesen su apoyo a formaciones políticas que llevan en su programa la opción de la independencia, el principio democrático de nuestra Constitución obligaría a los poderes públicos a encontrar una vía legal y acordada que permitiese celebrar una consulta específica para conocer el sentir preciso de los ciudadanos respecto al encaje de Catalunya en España. Creemos que, de darse esas circunstancias, y de acuerdo con lo que ha señalado el propio Tribunal Constitucional, hay vías legales para introducir en nuestro ordenamiento una norma de claridad de este tipo.

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 Durante más de sesenta años, en contextos políticos diferentes y difíciles, el Círculo de Economía ha defendido el diálogo, el acuerdo y la reforma como el único camino para el cambio político y el progreso social y económico. Es desde esta convicción, y con el respeto a todas las opciones políticas, desde las que hacemos las reflexiones contenidas en esta nueva “Opinión”.

Barcelona, septiembre de 2015